Relaciones internacionales
Marco Romero analizó la reciente revelación de la cadena CBS, difundida por Ecuavisa, según la cual el gobierno de Donald Trump solicitó a varios países, entre ellos Ecuador y España, aceptar a personas deportadas desde Estados Unidos, incluso si no son nacionales de esos países. La propuesta forma parte de una nueva fase de la política migratoria estadounidense que busca incrementar las expulsiones de extranjeros.
Romero explicó que al menos doce países ya habrían aceptado la petición de Washington, entre ellos Panamá, Guatemala, Ruanda, Sudán del Sur y México, este último bajo acuerdos preexistentes. En este contexto, preocupa que Ecuador se convierta en receptor de ciudadanos de terceros países sin vínculos con la nación. "Esto no es un hecho aislado, sino parte de un giro en la política internacional de EE. UU., donde temas migratorios y comerciales se mezclan en negociaciones bilaterales", señaló.
El analista advirtió que esta estrategia también se conecta con los recientes incrementos arancelarios de Estados Unidos a productos latinoamericanos, incluido Ecuador. En ese escenario, la aceptación de deportados podría convertirse en moneda de negociación para obtener beneficios comerciales en rubros clave como banano, camarón, cacao o flores. "No aparece como una condicionalidad explícita, pero puede ser planteado como un 'premio' si Ecuador acepta la solicitud", advirtió Romero.
Consultado sobre las implicaciones para el país, Romero subrayó riesgos en materia de seguridad y empleo. "El problema es qué tipo de personas serían deportadas. Si hablamos de individuos con antecedentes penales, el impacto sería muy delicado para un país que ya atraviesa una crisis de violencia", afirmó. Como ejemplo, mencionó que países como Honduras o Uganda han puesto límites estrictos: solo aceptan grupos familiares y no reciben personas con juicios penales.
Finalmente, Romero consideró que Ecuador tendría poco margen de maniobra, dada la estrecha relación con Estados Unidos y la dependencia comercial. "Difícilmente se podrá decir que no, pero es fundamental negociar condiciones: limitar el número de deportados y definir claramente sus perfiles", advirtió. Una reciente encuesta realizada por FM Mundo refleja la preocupación ciudadana: el 94,7 % de los oyentes se mostró en contra de que Ecuador reciba a deportados de terceros países.