Sector público & privado
El Ministerio del Trabajo ha emitido un nuevo acuerdo ministerial que establece medidas obligatorias para prevenir el acoso laboral, la discriminación y la violencia en los centros de trabajo. Vanessa Velásquez, experta en temas laborales, explicó que ahora todos los empleadores con más de diez trabajadores deben registrar un protocolo de acoso aprobado por la Dirección Regional de Trabajo, como requisito obligatorio que protege a empleados, pasantes y personal con contratos civiles. La falta de cumplimiento puede acarrear multas que superan los nueve mil dólares.
Entre las novedades, se incluye la prohibición de discriminación por sexo, edad, filiación política, creencias religiosas y estado de salud. Asimismo, no se pueden exigir pruebas de embarazo, VIH o fotografías en los procesos de contratación. Estas medidas buscan erradicar prácticas que antes eran comunes y que afectaban tanto a trabajadores como a pasantes en empresas privadas y públicas. La normativa también regula la desconexión digital fuera del horario laboral, con excepciones para casos de fuerza mayor o cargos de confianza.
Velásquez enfatizó que la violencia laboral no solo es física, sino también verbal y psicológica. Conductas como críticas constantes, exclusión de reuniones, sobrecarga de trabajo y lenguaje agresivo se consideran acoso. El acuerdo ministerial establece que los empleadores deben capacitar a sus equipos, implementar protocolos claros y generar mecanismos de denuncia confidenciales que garanticen la protección de los trabajadores sin riesgo de represalias.
Otro avance importante es que ahora las denuncias de acoso laboral deben acompañarse de pruebas y pasar por un proceso de investigación con la inspección del Ministerio de Trabajo. Esto permite que el empleador, al demostrar cumplimiento con las medidas preventivas, quede protegido frente a denuncias injustas. La medida aplica tanto para empresas grandes como para pequeñas y medianas, con el objetivo de crear un entorno laboral seguro y equitativo para todos.
Finalmente, Vanessa recomendó que los empleadores elaboren protocolos claros, capaciten a sus jefes de área y trabajen de la mano con unidades de talento humano o asesoría legal especializada. Estas acciones no solo cumplen con la normativa, sino que se convierten en un escudo protector frente a sanciones y en una oportunidad para mejorar la cultura laboral dentro de las organizaciones.