Análisis Constitucional
En el Gran Musical, ampliaremos sobre la nueva ley que obliga a los GADs a invertir el 70% de sus recursos en obra pública y servicios básicos. Municipios y Prefecturas han anunciado demandas de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. Junto a André Benavides, constitucionalista analizaremos si es inconstitucional la nueva norma.
La reforma aprobada obliga a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y mantenimiento, reduciendo al 30 % la proporción para gasto corriente como salarios y funcionamiento. Esta medida fue apoyada como una forma de mejorar eficiencia fiscal y priorizar obras, pero autoridades locales como el alcalde de Quito y representantes de municipios han advertido que la norma pone en riesgo servicios municipales y sociales, y podría ser objeto de demandas ante la Corte Constitucional.
Benavides explica que, desde un punto de vista técnico, la norma en sí no ha sido declarada inconstitucional, pero sí existen argumentos sólidos para cuestionarla. Uno de ellos se basa en que la reforma impondría reglas fiscales que podrían limitar la autonomía financiera de los GAD, dado que exige un uso rígido del presupuesto sin contemplar las necesidades operativas y sociales de cada territorio.
Critica también que la tramitación de la reforma fue urgente y con poca socialización con los gobiernos locales, lo que dificulta un análisis profundo y consensuado.
Entre los riesgos mencionados por Benavides están los efectos sobre programas sociales, educación municipal y servicios de salud, pues muchos profesionales y servicios funcionan con contratos ocasionales o están vinculados al gasto corriente. Si estos recursos se recortan estrictamente para cumplir la regla 70/30, la prestación de servicios básicos podría verse comprometida.
Además, destaca que las siguientes autoridades locales serán las que carguen con estos efectos, lo que podría generar tensión política y jurídica a futuro.
Finalmente, aunque varias autoridades locales, como el alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha, han anunciado acciones legales ante la Corte Constitucional por supuesta inconstitucionalidad de la reforma, el experto afirma que no es automática la declaración de inconstitucionalidad, pero sí se puede plantear desafíos jurídicos si se demuestra que la norma vulnera la autonomía territorial y no fue debidamente socializada o debatida con criterios técnicos.
En ese sentido, el debate alrededor del COOTAD aún está abierto y seguirá siendo foco de análisis legal y político en los próximos meses.
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