reformas en el sistema de justicia e intervención en el sistema penitenciario
En El Gran Musical, hablaremos sobre el toque de queda anunciado por el Primer Mandatario y la cooperación con Estados Unidos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Para ampliar este tema, nos acompañó Katherine Herrera, experta en seguridad.
Herrera explica que, según la evidencia, el toque de queda sí puede reducir ciertos delitos como homicidios o robos en determinados momentos. Sin embargo, aclara que no es una garantía al 100% y que su efectividad depende de que exista una estrategia clara detrás. Si se aplica constantemente y sin fundamentos sólidos, advierte, solo generará resultados temporales.
Además, recuerda que las provincias donde se aplica esta medida suelen ser las que registran mayores índices de violencia, mientras que parte de la ciudadanía ha comenzado incluso a contratar seguridad privada ante la pérdida de confianza en la protección estatal.
La analista también considera que el anuncio anticipado del toque de queda podría estar relacionado con la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, en lo que podría incluir operativos o estrategias psicológicas para confundir a los actores criminales y permitir que el Estado actúe.
En los últimos meses, el Gobierno ha hablado de una "guerra contra el crimen organizado", lo que ha despertado inquietud incluso entre expertos internacionales que preguntan qué tan grave es la situación en el país.
En este contexto, Herrera sostiene que la llamada "nueva fase" de seguridad también refleja una alianza estratégica con Estados Unidos.
Aun así, advierte que la política de "mano dura" por sí sola no resolverá el problema. Señala que mientras más presión ejerzan las autoridades contra las estructuras criminales, más capacidad de reacción pueden tener estos grupos, lo que podría provocar incluso un aumento de delitos como extorsiones, secuestros o "vacunas".
Por eso insiste en que se necesita inteligencia financiera, reformas en el sistema de justicia e intervención en el sistema penitenciario.
También menciona que, aunque Estados Unidos coopera con información, inteligencia y fortalecimiento de capacidades, la responsabilidad principal recae en las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Sin una política pública integral y sostenida, concluye, los resultados podrían ser pequeños y momentáneos mientras el crimen organizado se adapta y se desplaza hacia nuevas zonas del país.
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