EL MUNDO EN 7 DÍAS
Un cierre del Gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Esa falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta que se alcance un acuerdo en el Congreso.
La medida afecta directamente a los empleados federales. En cierres anteriores, muchos fueron enviados a casa sin paga, en un proceso conocido como furlough, que significa una licencia temporal sin salario, mientras que otros debieron seguir trabajando sin recibir salario hasta que se aprobaron los fondos.
Cada dependencia federal debe tener planes de contingencia que especifican qué servicios se mantienen y cuáles se suspenden. Esos documentos suelen publicarse en el sitio de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, aunque también hay agencias que los difunden en sus propias normativas.
Dichos planes incluyen a un número de empleados que seguirían trabajando sin paga, el tiempo necesario para interrumpir operaciones y los servicios críticos para la vida y la seguridad, como la defensa, la seguridad nacional o la respuesta a emergencias.
En el último cierre, ocurrido en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump y que se extendió por 35 días, se suspendieron audiencias de inmigración de personas no detenidas por ser consideradas no esenciales. Pero en este caso, se da en un contexto de una agresiva política inmigratoria del Gobierno, que busca incluso profundizar esas medidas.
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