Crisis carcelaria
Al menos ocho personas privadas de la libertad murieron en los recientes episodios de violencia registrados en las cárceles de El Inca, en Quito, y Latacunga, en Cotopaxi.
La periodista de investigación especializada en prisiones y seguridad, Karol Noroña, señaló que estos hechos deben identificarse como ataques armados y masacres deliberadas cuando superan las cuatro víctimas mortales en un mismo evento, y no como simples amotinamientos. Además, atribuyó los disparos e incidentes registrados en centros penitenciarios de Turi, Loja y Machala a las disputas y reorganización de bandas criminales como Los Lobos y sus distintas facciones.
1.220 fallecimientos en cárceles en 2025
Apoyándose en los hallazgos de la investigación periodística "Encerrados para Morir", la periodista detalló que en 2025 se documentaron 1.220 fallecimientos en las prisiones del país. Aunque el Estado reconoce públicamente 206 muertes violentas en el marco de las masacres, la investigación reveló que una parte determinante de las bajas responde a una silenciosa crisis humanitaria causada por tuberculosis no tratada e inanición.
Asimismo, cuatro de cada diez decesos (458 casos) han sido clasificados por las autoridades como "indeterminados". Según la periodista, Ecuador contabiliza 23 masacres carcelarias desde diciembre de 2020, seis de las cuales se han registrado bajo la administración del presidente Daniel Noboa.
En cuanto a las medidas de fuerza, se cuestionó la sostenibilidad de la intervención militar decretada en 2024 bajo el estado de conflicto armado interno, señalando que el periodo de contención apenas duró dos o tres meses debido a la permeabilidad y corrupción estructural del sistema. Noroña precisó que centros como El Inca y Latacunga ya no contaban con custodia militar sino de la Policía Nacional, e ilustró los niveles de filtración de pertrechos al citar un informe policial sobre los sucesos de Latacunga, donde se incautaron dos pistolas y municiones, constando en el reporte oficial que una de las armas recuperadas pertenecía a la propia Policía Nacional.
¿Conexión con la detención de Luisa González?
Por otro lado, la periodista desestimó la narrativa gubernamental que intenta vincular de forma directa la ola de violencia en las prisiones con la detención de la excandidata presidencial Luisa González, calificándola como un intento de capitalización política desalineado de la realidad operativa, pues las agresiones y muertes ya se venían gestando días atrás en penales como Turi debido a traslados y reacomodos de reclusos.
Por último, denunció la vigencia de economías ilícitas dentro de las prisiones, donde los reclusos sufren extorsiones y deben pagar entre USD 10 y USD 25 diarios para recibir la ración de comida estatal de USD 2,50, alertando que, ante la falta de un control integral, atención sanitaria y el entierro no aclarado de fallecidos en fosas comunes, el riesgo de nuevas masacres se mantiene vigente.