Debate legislativo
La Comisión de Seguridad continúa el análisis de la Ley Antimafias, una iniciativa que busca fortalecer el combate contra el crimen organizado y corregir falencias normativas que, según especialistas, han sido aprovechadas por redes de corrupción dentro del sistema de justicia.
En NotiMundo Estelar, el abogado especializado en derecho internacional, André Santos Espinoza, señaló que uno de los principales problemas radica en un vacío legal generado tras una sentencia de la Corte Constitucional, que eliminó la restricción para conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva en delitos graves.
Según explicó, esta situación habría facilitado que operadores judiciales corruptos otorguen beneficios a personas procesadas por delitos de alta peligrosidad. En ese contexto, mencionó que miles de privados de libertad recuperaron su libertad mediante medidas alternativas.
Frente a este escenario, la Ley Antimafias plantea que los jueces evalúen de forma objetiva factores como los antecedentes penales y el nivel de riesgo para las víctimas antes de otorgar medidas sustitutivas, evitando que estas se concedan de manera automática.
Espinoza indicó que la efectividad de la normativa dependerá de su capacidad para mantener tras las rejas a integrantes de grupos de delincuencia organizada, especialmente a quienes estén vinculados con delitos como sicariato, secuestro y extorsión.
Entre los cambios propuestos también se incorpora la figura de pertinencia funcional, que permitiría sancionar con penas superiores a diez años a quienes colaboren de manera directa con organizaciones criminales, incluso si no participan en la ejecución material de los delitos.
No obstante, el jurista advirtió que el proyecto contiene un aspecto que podría comprometer su viabilidad jurídica. A su criterio, la redacción actual establece que el procesado debe demostrar su inocencia, lo que contravendría principios constitucionales y podría derivar en una eventual declaratoria de inconstitucionalidad.
Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento del marco legal debe ir acompañado de una depuración institucional. En ese sentido, consideró necesario evaluar el desempeño de jueces y fiscales, evitar la prescripción de expedientes disciplinarios y garantizar procesos de selección transparentes con la participación de la academia y organismos internacionales.
Asimismo, cuestionó la aplicación de una doctrina que calificó como "hipergarantista", al considerar que, en determinados casos, ha sido utilizada para encubrir prácticas irregulares dentro del sistema judicial.
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