Aranceles recíprocos
Frente a este escenario, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Industrias y Producción y la Cámara de Comercio de Quito manifestaron su preocupación por el impacto que esta escalada podría generar en el comercio bilateral.
En NotiMundo a la Carta, el exministro de Producción, Daniel Legarda, señaló que la situación ha superado el ámbito técnico y legal, calificándola como una decisión de carácter político. A su criterio, un arancel del 50 % ya representaba una barrera significativa; sin embargo, elevarlo al 100 % equivale, en la práctica, a un embargo comercial que limita casi por completo el intercambio.
Advirtió que este conflicto no solo compromete la relación entre ambos países, sino también la estabilidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Indicó que, el aumento de tensiones entre los gobiernos ha llevado a que un eventual quiebre, antes considerado improbable, se convierta en una posibilidad real que inquieta a los sectores productivos.
En ese contexto, destacó un punto clave previsto para finales de abril o inicios de mayo: la resolución de la Secretaría General de la CAN respecto a la demanda presentada por Colombia. Según Legarda, existe una alta probabilidad de que la medida sea declarada ilegal por contravenir el Acuerdo de Cartagena.
Impacto en los sectores productivos
El exfuncionario explicó que Colombia constituye un mercado estratégico para Ecuador, al ser el principal destino de productos manufacturados con valor agregado, como neumáticos y tableros de madera, cuya colocación en otros mercados resulta compleja.
Asimismo, señaló que al menos ocho cadenas productivas mantienen una integración profunda entre ambos países, entre ellas alimentos, textiles, químicos y metalmecánica. Citó estudios de la CEPAL que evidencian la relevancia estructural de estos vínculos, los cuales no pueden reemplazarse en el corto plazo.
Advirtió además que las medidas de reciprocidad podrían intensificarse, pasando de afectar el 40 % de las exportaciones ecuatorianas a cerca del 80 %, lo que prácticamente bloquearía el comercio formal.
Si bien reconoció que la preocupación por la seguridad en la frontera es válida, enfatizó que el comercio no debería convertirse en rehén de decisiones políticas. Alertó que restringir las actividades formales termina favoreciendo economías ilegales y el contrabando, apoyándose en reportes de organizaciones como InSight Crime y gremios de transporte pesado.
Finalmente, subrayó que las relaciones comerciales son construidas por empresas y ciudadanos a lo largo de más de seis décadas, bajo normas que deben respetarse más allá de los cambios de gobierno. En ese sentido, advirtió que esta "guerra comercial" tendrá efectos directos en el bolsillo de la población y en la economía en general, con consecuencias cuyo alcance aún es incierto.
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