Seguridad Nacional
En NotiMundo A La Carta, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el tratamiento que ha tenido esta reforma y señaló que, a más de dos años de la aprobación en las urnas de la propuesta para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, el debate en la Asamblea se ha mantenido en un nivel básico, sin suficiente sustento en evidencia y análisis estructurado.
Carrillo sostuvo que el país atraviesa un desgobierno político de la seguridad y advirtió sobre la falta de voluntad para reconstruir y fortalecer las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, especialmente en aspectos presupuestarios, tecnológicos y de equipamiento.
Sobre la situación de la Policía Nacional, afirmó que la institución mantiene una importante capacidad operativa, pero ha perdido parte de su enfoque preventivo al verse obligada a responder a una escalada de violencia que deja alrededor de 10.000 homicidios al año. A esto se suma, según indicó, una impunidad cercana al 95%, por lo que consideró urgente fortalecer las áreas de investigación científica y peritaje.
El exministro también alertó sobre la expansión de la economía ilegal y del crimen organizado. Explicó que estas estructuras ya no se limitan a determinados mercados delictivos, sino que han construido redes económicas que involucran a comunidades enteras, especialmente en zonas donde la falta de empleo formal y de presencia estatal facilita la dependencia de actividades ilícitas.
En cuanto a las reformas aprobadas para enfrentar al crimen organizado, Carrillo consideró que medidas como la denominada ley antimafia o el incremento de penas de hasta 30 años resultan insuficientes. A su criterio, estas acciones no abordan problemas estructurales como la descomposición social, el abandono de los huérfanos producto de la violencia y la falta de políticas de prevención a escala local.
Finalmente, planteó la necesidad de un cambio profundo en la política de seguridad, que incluya la despolitización de esta área, una mayor coordinación con los municipios para fortalecer la prevención y un marco jurídico que brinde protección clara a los uniformados que actúan dentro de sus funciones. También consideró necesario involucrar a la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía en la construcción de una estrategia integral frente a la inseguridad.
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