Asamblea Nacional
Una serie de denuncias ciudadanas y reportes de presuntos incrementos patrimoniales injustificados han puesto bajo investigación de la Asamblea Nacional a autoridades seccionales de todo el país y a contratos clave en la administración municipal de la capital.
Frente a las críticas sobre los límites del control parlamentario, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, defendió la competencia legislativa para intervenir en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), señalando que el Parlamento tiene la obligación ineludible de pedir cuentas siempre que se administren recursos de los ecuatorianos y remitir los hallazgos a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Fiscalía General del Estado.
En el ámbito nacional, la titular del Legislativo puntualizó que existen informes que involucran a cerca de 251 alcaldes y prefectos en presuntos enriquecimientos que no concuerdan con los sueldos del sector público. Aunque aclaró que el Parlamento no actúa como concejo municipal ni puede destituir directamente a un alcalde, remarcó que las autoridades deben justificar el origen de cuentas bancarias millonarias incompatibles con los presupuestos locales.
Como parte de estas indagaciones, el pleno aprobó con 85 votos de diversas bancadas un cambio en el orden del día para que la Comisión de Fiscalización investigue al actual candidato a la prefectura y exviceprefecto, Alexandro Tonello, por más de 300 contratos adjudicados a la compañía Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda.. —empresa en la cual figura como accionista—, bajo la presunción de haber gozado de acceso privilegiado a la información para la contratación pública.
En el caso específico del Distrito Metropolitano de Quito, el Parlamento tramita cerca de siete fiscalizaciones motivadas por denuncias de ciudadanos y medios de comunicación. Mancheno detalló en NotiMundo Estelar los siguientes casos:
- Presuntos cobros indebidos ("vacunas" en el espacio público): Pagos de hasta USD 6.000 que habrían sido exigidos a comerciantes y ciudadanos para obtener o conservar espacios en la vía pública, expediente que se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.
- Adquisición de maquinaria en Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo): Investigación aprobada con 82 votos del pleno hacia la Comisión de Fiscalización para auditar la compra de seis camiones recolectores de basura, requiriendo el pronunciamiento y la documentación técnica del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y la Contraloría General del Estado.
- Canteras y minería ilegal en el Chocó Andino: Fiscalización remitida a la Comisión de Seguridad Integral sobre la falta de regulación, rotura de sellos de clausura y presunta omisión de controles por parte de la Alcaldía en minas de material pétreo, las cuales han provocado graves daños ambientales y contaminación en fuentes hídricas de la zona.
- Peaje Guayasamín: Resolución aprobada con 84 votos para que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados investigue los cobros duplicados reportados por los usuarios, solicitando expedientes tanto a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como al Ministerio de Infraestructura y Transporte.
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