Sistema penitenciario
Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este 17 de marzo de 2026 una reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que introduce cambios clave en el manejo de las cárceles del país.
Entre las principales disposiciones, la normativa establece que las personas privadas de libertad deberán realizar actividades laborales para cubrir sus propias necesidades durante el cumplimiento de sus penas, como parte de un enfoque orientado a la autosostenibilidad y la rehabilitación.
El debate se desarrolló en el Pleno durante una sesión realizada en la Universidad Católica de Cuenca. La iniciativa contó con el respaldo de la bancada oficialista, mientras que el bloque de la Revolución Ciudadana manifestó su rechazo al proyecto.
El texto aprobado contempla la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria y la reclasificación de la peligrosidad de los internos, con el objetivo de mejorar el control y la organización dentro de los centros de privación de libertad.
Asimismo, se incluyen medidas para enfrentar la falta de guías penitenciarios y se autoriza el uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios en el ejercicio de sus funciones. También se incorporan procesos de capacitación, evaluación, rotación y pruebas de confianza para el personal, como mecanismo para prevenir la corrupción.
Desde el oficialismo se argumentó que la reforma responde a la crisis estructural del sistema carcelario y busca fortalecer la institucionalidad. En esa línea, se destacó que el trabajo de los internos ya existe en algunos casos, pero ahora se pretende formalizarlo y darle un rol más relevante dentro del sistema.
En contraste, sectores de oposición cuestionaron la efectividad de la propuesta y advirtieron que sin asignación de recursos suficientes no habrá cambios reales. Además, señalaron preocupaciones sobre reformas legales que podrían afectar derechos de los procesados.
La normativa forma parte de los intentos del Estado por recuperar el control de las cárceles y enfrentar los problemas de violencia e inseguridad que han marcado al sistema penitenciario en los últimos años.