Elecciones seccionales
Entre asesinatos de aspirantes en zonas fronterizas, la detención internacional de un candidato a la Alcaldía y la ejecución de allanamientos por presunta corrupción contra un alcalde en funciones que busca la reelección, inicia este jueves 12 de noviembre la campaña electoral para los comicios seccionales.
En NotiMundo Estelar, el especialista electoral, Esteban Ron, explicó que el marco jurídico nacional impone soluciones diferenciadas para cada evento, según los preceptos contenidos en el Código de la Democracia y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Asesinatos y muertes de postulantes: las reglas de reemplazo y el endoso de votos
El principio general fijado por la legislación electoral ecuatoriana establece que las candidaturas son irrenunciables a partir del momento de su calificación formal por parte de las juntas provinciales electorales. En consecuencia, las organizaciones políticas no disponen de facultad alguna para modificar sus listas, salvo en una contingencia taxativa: el deceso o fallecimiento del candidato.
Ante el asesinato de Ronald Farfán (candidato a la alcaldía de Huaquillas) y de Cristian Rugel (postulante a concejal urbano en el mismo cantón), así como ante la muerte natural de Ignacio Solórzano Rodríguez (primer candidato suplente a concejal rural en Guayaquil), se activan procedimientos especiales de sustitución. Las juntas provinciales electorales deben notificar de inmediato a las organizaciones políticas afectadas con un plazo perentorio sumamente acotado para que presenten a los nuevos aspirantes.
Para ello, las directivas de la respectiva circunscripción (provincial, cantonal o parroquial) llevan a cabo un ejercicio mínimo de democracia interna para designar al sustituto, cuyo expediente debe ingresar inmediatamente a calificación.
Si bien el trámite prevé un periodo de 48 horas para la presentación de objeciones, impugnaciones o recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) —proceso que en casos previos como el reemplazo tras el asesinato de Fernando Villavicencio tomó alrededor de 15 días—, las juntas pueden emitir resoluciones de forma casi inmediata si no median objeciones de otras tiendas políticas.
Desde la perspectiva operativa, la proximidad del día de los comicios dificulta la reimpresión de papeletas electorales. En cantones fronterizos como Huaquillas, por razones logísticas y de armado de paquetes electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha resuelto aplicar la figura del endoso de votos.
Bajo este mecanismo, los sufragios que los ciudadanos marquen en favor de las autoridades fallecidas registradas en la papeleta serán computados y adjudicados automáticamente a sus sustitutos legalmente calificados. Para garantizar la transparencia del proceso, las delegaciones electorales capacitarán a los miembros de las juntas receptoras del voto para que adviertan a los electores sobre la identidad del candidato que asume la postulación.
No obstante, en el ámbito de la contienda electoral se genera un inequívoco desbalance en la igualdad de condiciones para hacer campaña. Aunque el Estado financia la pauta publicitaria en medios de comunicación, los spots promocionales pregrabados por los candidatos fallecidos solo podrán ajustarse si la capacidad técnica lo permite, incluyendo notas aclaratorias que especifiquen el cambio de candidatura.
Inmunidad electoral y extraterritorialidad: la captura de candidatos en el exterior
Esteban Ron abordó la situación de los postulantes salpicados por investigaciones penales de carácter transnacional.
El caso de Jaime Estrada Bonilla, candidato a la alcaldía de Manta apresado en Panamá mediante un operativo coordinado a pedido de la justicia de los Estados Unidos, expone los límites de la protección electoral. El fuero o paréntesis de inmunidad que otorga la norma ecuatoriana impide el procesamiento judicial dentro del territorio nacional durante el periodo electoral, pero carece de alcance frente a acciones penales ejecutadas bajo la extraterritorialidad de acuerdos internacionales y requerimientos de tribunales extranjeros.
Dado que su nombre continuará figurando en la papeleta de votación y en la pauta estatal, existe la posibilidad teórica de que obtenga la victoria en las urnas. Ante ese eventual escenario, el especialista precisó que el mandatario electo enfrentaría una imposibilidad manifiesta para acudir a la rendición de protesta e imposición de credenciales.
Para resolver dicha anomalía, el procedimiento legal no requiere de un juzgamiento previo, sino de la estricta aplicación del Cootad. El Concejo Municipal de Manta tendría la obligación de autoconvocarse —requiriéndose el voto favorable de la mitad más uno de sus integrantes— para nombrar una directiva ad hoc de sesión, declarar la ausencia definitiva del alcalde electo y proceder de inmediato a nombrar un vicealcalde o vicealcaldesa de entre los concejales triunfadores, quien asumirá la titularidad del ejecutivo cantonal sin que aplique en esta instancia la regla de paridad de género.
Investigaciones por corrupción: la distinción entre indagación previa y juzgamiento
Un caso distinto plantea la situación del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, quien aspira a la reelección y cuya vivienda e instalaciones municipales fueron allanadas en el marco de una investigación penal por presunta corrupción.
De acuerdo con el análisis jurídico expuesto, la inmunidad electoral prevista en el Código de la Democracia protege a los candidatos frente a actos estrictamente jurisdiccionales —como el inicio de la instrucción fiscal o la etapa de juicio—, pero no suspende las fases de indagación previa ni las facultades investigativas de la Fiscalía General del Estado.
En consecuencia, un juez competente mantiene la potestad legal de dictar medidas cautelares sobre un candidato en funciones o en campaña, tales como la prohibición de salir del país, el uso de dispositivo de vigilancia electrónica o incluso la prisión preventiva para asegurar su comparecencia al proceso.
Una vez formalizados y proclamados los resultados oficiales por parte del CNE, el paréntesis de inmunidad electoral se extingue definitivamente, reanudándose las acciones de la justicia ordinaria. Dado que entre la jornada de votación y la fecha de posesión de las nuevas autoridades —fijada para el 14 de mayo— transcurren varios meses, la situación jurídica de los procesados podrá ser resuelta en los tribunales antes de que asuman sus cargos.
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