Dos atentados en los exteriores de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) pusieron a Quito en alerta la madrugada de este lunes 29 de junio. Maletas fueron arrojadas con artefactos explosivos en las inmediaciones de la institución cerca de las 02h30 y dejaron daños materiales, sin heridos. El material estuvo acompañado de un cartel con amenazas a altos funcionarios de la entidad.
Para la experta en seguridad y crimen organizado, Nathaly Logroño, estas acciones forman parte de una dinámica criminal. Si bien aún no se esclarecen los motivos, explicó que podría tratarse de una represalia de grupos armados, tras afectaciones en sus actividades ilícitas por bombardeos de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con Logroño, pudo tratarse de una suerte de inconformidad al no ser advertidos sobre el operativo dentro de un esquema de venta de información y corrupción que envolvería a la Arcom. Por ello, la importancia de realizar los atentados en la capital, donde laboran los tomadores de decisiones.
La experta insistió en que la Agencia de Regulación y Control Minero no ha sido objeto de suficiente atención, particularmente, por la posibilidad de que funcionarios sean cooptados por el crimen organizado. Retrasos en la emisión de licencias ambientales, filtración de información y un aparente lavado de activos podrían consumarse dentro de la entidad, en respuesta a una estructura delincuencial.
La dinámica criminal, según Logroño, se basa en infiltrar hasta en los estamentos más bajos del organigrama. Es por esto que, insistió, no debería llamarse únicamente minería ilegal, sino minería criminal.
"No hay un análisis de la trazabilidad del oro o a profundidad del lavado que va desde el territorio hasta el funcionario", cuestionó.
Otro punto de preocupación, de acuerdo con Logroño, es la delegación de administraciones zonales. Allí, dijo, se designan a personas de la comunidad que, podrían ser susceptibles a recibir amenazas y ser cooptadas por el crimen organizado.
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