Peculado
La Fiscalía pidió prisión preventiva contra los 21 nuevos procesados en el caso Apagón. Para dos de ellos, planteó una notificación roja de la Interpol para su captura en el extranjero. Se trata de una investigación que apunta un presunto peculado y que se originó tras los fallidos contratos con la empresa Progen que, según la teoría del caso, ocasionó un perjuicio de USD 104 millones.
Durante el segundo día de la audiencia, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, señaló que, tras un análisis de la firma API Pecoms, no se registraron contratos para la realización de inspecciones previas al embarque de los motores de generación que debían abastecer 150 megavatios a Salitral y Quevedo.
En la intervención de Alarcón, se expuso el criterio del auditor técnico Carlos Merino, quien evidenció que existirían certificados engañosos que acreditaban a Progen como fabricante de los motores de generación ofertados al Ecuador. Según el Fiscal, el fabricante de los equipos Electro Motive precisó que los generadores entregados al país dejaron de producirse hace algún tiempo. En el caso de Salitral, este salió del mercado en 2019 y, el de Quevedo, dejó de fabricarse en el 2009.
Uno de los señalados en calidad de autor en el caso Apagón es el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. Según su abogado, Leonardo Stagg, no existen elementos para vincular al exfuncionario a los contratos con Progen. Esto, debido a que su participación en el Gobierno ocurrió cuando las fases pre contractual, contractual y de ejecución ya estuvieron selladas. Reconoció que, la única responsabilidad del exministro era vigilar el cumplimiento de la licitación.
Stagg insistió en que la clave de la investigación debe ser identificar la trazabilidad del dinero de Progen, así como de sus funcionarios. Cuestionó que figuras de alta importancia en la empresa como el CEO John Manning no integren la lista de nuevos vinculados.