Presunto peculado
En esta causa, la Fiscalía procesará a 21 personas por presunto peculado en los contratos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la firma estadounidense Progen.
Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocios Termopichincha, es uno de los investigados. En NotiMundo al Día, el exfuncionario aclaró que sus actuaciones se dieron en el marco de la emergencia del sector eléctrico en 2024 e insistió en su inocencia.
Orozco llegó a Termopichincha el 17 de junio de ese año y para ese entonces, afirmó, ya existían gestiones previas con Progen.
"Hasta ese momento, no conocía nada de esta empresa ni de sus representantes en Ecuador", afirmó.
Recordó que el proceso se desarrolló con relativa normalidad, pues Progen tenía todos sus documentos en regla. Cuando se encienden las alarmas, fue a mediados de la etapa de ejecución, "por ciertos eventos que no se concretaban, principalmente porque ya se habían ejecutado ciertas partes del primer hito y las unidades (generadores) no eran trasladadas hacia Ecuador".
Posteriormente, se contrata a la empresa AP Inspections, seleccionada por el administrador del contrato, la cual se traslada a EE.UU. para hacer una inspección técnica y en su informe establece que los equipos eran nuevos y en buenas condiciones.
Según Orozco, una vez que se emite el primer pago, correspondía que se transporten los equipos de forma inmediata, lo cual no ocurrió y levantó sospechas. Finalmente, tras la suscripción del primer hito, los equipos llegaron casi dos meses después.
"En la obra civil también había retrasos", apuntó.
Orozco dijo que Progen llegó al país en diciembre de 2023, donde se presentó una oferta distinta, con motores diferentes a los que fueron entregados. En abril, "extrañamente les quitan la representación a los señores de esta empresa, y entran en juego los nuevos representantes, que son los que manejan los contratos de Quevedo y Salitral: José Manrique y Karla Saud".
A su criterio, la Fiscalía y la justicia ecuatoriana "se apresuraron" en este caso, pues la línea investigativa estaba tomando un rumbo distinto.
"No tenemos un solo grado de culpabilidad; es apresurado que de un momento a otro se pretenda vincular a 21 personas, de los cuales 17 somos técnicos de carrera y que no tenemos nada que ver, más allá de haber estado en el momento incorrecto, ejecutando nuestras labores", sostuvo.
Para Orozco, "intentar convertir a un técnico en villano, no va a hacer que se encuentre al verdadero culpable" del millonario perjuicio al Estado ecuatoriano.
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