Medidas Cautelares
La jueza de la Corte Provincial de Pichincha resolvió no dictar prisión preventiva contra la excomandante general de la Policía, Tannya Varela, ni contra otros dos uniformados procesados dentro del caso León de Troya. En su lugar, dispuso medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
La resolución se adoptó tras la audiencia de formulación de cargos, realizada este viernes 19 de diciembre , luego de que la diligencia fuera suspendida de forma temporal para el análisis del expediente. En esta etapa, la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva, sustentando su pedido en 45 elementos de convicción.
Varela es investigada por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, en el marco de una causa por narcotráfico. En el mismo proceso también fueron vinculados el teniente coronel José Luis Erazo Villarreal, jefe policial del Distrito Manta, y el agente Rodney Rengel.
En Notimundo Estelar, Stalin Raza, abogado de los policías implicados, calificó las detenciones como un operativo desproporcionado, al señalar que sus defendidos, así como la excomandante, colaboraban con la justicia y contaban con domicilios plenamente identificados.
El jurista sostuvo que el Ministerio Público no ha logrado establecer un nexo técnico que demuestre que Erazo o Rengel entregaron información reservada a medios digitales. Añadió que dichos datos no eran de conocimiento exclusivo de sus clientes, sino que también estaban en manos de otros oficiales, fiscales y jueces.
Raza cuestionó además la celeridad del proceso y la falta de rigurosidad en la investigación, al indicar que el informe pericial clave fue notificado apenas días antes de la audiencia. A su criterio, resulta paradójico que la difusión de esta información haya permitido reactivar el caso León de Troya, relacionado con una red de la mafia albanesa, evitando que quede en la impunidad.
El abogado recordó que los periodistas están amparados por la reserva de la fuente, por lo que —según dijo— corresponde a la Fiscalía demostrar técnicamente el origen de la filtración, algo que, aseguró, aún no se ha acreditado. Finalmente, señaló como contradictorio que los mismos oficiales que en su momento denunciaron presiones para archivar el caso, hoy enfrenten un proceso penal.
La causa se originó en 2023, tras una denuncia por la presunta filtración de un informe reservado elaborado en 2021, vinculado a la investigación conocida como León de Troya.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa