Proceso de selección
La Corte Constitucional admitió a trámite una objeción presentada por un grupo de asambleístas en contra del reglamento del concurso para Fiscal General del Estado. Aunque el organismo inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad, rechazó la suspensión de la normativa de manera provisional.
Para continuar con la evaluación de las competencias, los jueces trasladaron el recurso al Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría, quienes deberán defender o impugnar la constitucionalidad del contenido en un término de 15 días.
Mientras esto ocurre, los expedientes de los 75 postulantes constan ya en el portal institucional del CPCCS. Sin embargo, esta acción responde a pedidos de transparencia y una acción constitucional que se tramita en el ámbito judicial.
Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, señaló que el pasado 4 de marzo, la Comisión Cívica de Seguimiento al concurso para Fiscal, remitió un oficio al Consejo para conocer las carpetas de los aspirantes, algo que fue rechazado el 18 de marzo. Dos días después, se interpuso una acción constitucional de acceso a la información pública, cuya audiencia se difirió para este 06 de abril.
En la diligencia, instalada este lunes, la jueza que conoció la causa otorgó un plazo de 48 horas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para enviar los expedientes de los 75 postulantes (27 admitidos y 48 en reconsideración) a su despacho para entregar la documentación y permitir a la Comisión completar su evaluación.
"La vulneración está en el momento que nosotros hacemos la solicitud y en que se nos niega dicha información", dijo.
Según Ocaña, el haber escondido dicha información vulnera tres principios constitucionales: el acceso a la información, la seguridad jurídica y el derecho a la petición. Frente a esto, el pedido de la Comisión Cívica es una reparación integral para garantizar que, a lo largo del proceso, no vuelvan a registrarse hechos que vulneren su transparencia.
Renuncia de veedores
10 miembros de la veeduría del concurso para Fiscal General del Estado presentaron su renuncia, alegando una falta de transparencia y presiones en el proceso de selección. Entre quienes dejaron la delegación se encuentra el coordinador Hugo Arteaga.
Según los exintegrantes de la veeduría, no fueron informados sobre el informe de los 27 candidatos admitidos por la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A su criterio, la participación del organismo se volvió limitada, ante desacuerdos y decisiones adoptadas por la Comisión.
Para Ocaña, estas irregularidades son una alerta más que empaña el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Consideró que este escenario debe incentivar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a publicitar todos los aspectos del concurso y acallar las voces que alegan una inclinación dentro de la designación.
En cuanto a las denuncias de presiones, Ocaña señaló que una investigación debería activarse para determinar la veracidad de estas acusaciones. Tanto la Fiscalía como el propio CPCCS, dijo, deberían impulsar sus averiguaciones desde sus competencias.
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