Control Ciudadano

Concurso Fiscal: Comisión Cívica demanda acceso público a expedientes de aspirantes

La Comisión Cívica de Seguimiento al concurso para Fiscal General presentó una acción constitucional de acceso a la información pública en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ante lo que considera una falta de transparencia en el proceso. La solicitud busca que se publiquen los expedientes de los 75 aspirantes que participan en la selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

23 Marzo de 2026
CPCCS
CPCCS Foto: El Universo

La solicitud busca que se publiquen los expedientes de los 75 aspirantes que participan en la selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

En NotiMundo a la Carta, Marcelo Espinel, vocero de la comisión, explicó que la negativa de difundir esta información limita el derecho ciudadano al control social, especialmente en una etapa clave que exige apertura y claridad. 

También advirtió sobre irregularidades previas, como la falta de experiencia de la presidenta de la comisión, Cyntia Jacho, y el hecho de que un porcentaje significativo de los comisionados no cumpliría con los requisitos establecidos. 

Alertó que, en un contexto de opacidad, existe el riesgo de que aspirantes sin el perfil adecuado sean favorecidos, incluso con posibles vínculos a intereses políticos, económicos o estructuras ilícitas.

Desde la comisión se enfatizó que la Fiscalía cumple un rol fundamental en la investigación de delitos como la corrupción y el crimen organizado, por lo que su independencia resulta clave para evitar su uso como herramienta de persecución. 

En esa línea, se expresó preocupación por la posibilidad de que se repitan prácticas del pasado, en las que personas cercanas al poder accedían a cargos sin autonomía real.

Además, Espinel cuestionó el manejo de los tiempos por parte del CPCCS, señalando que podría estar orientado a evitar observaciones incómodas. A su criterio, estas acciones reflejan un deterioro institucional que pone en riesgo el sistema democrático.

La acción judicial busca que un juez ordene la entrega inmediata de los expedientes. Según explicó, una respuesta tardía volvería ineficaz el control social, ya que los plazos para presentar objeciones podrían haber vencido. 

Advirtió también que la falta de garantías en la participación ciudadana podría derivar en la nulidad de todo el proceso.

Finalmente, mencionó que el concurso presenta retrasos importantes, considerando que el reemplazo de la actual fiscal debía concretarse en abril de 2025, pero ahora se proyecta para julio o agosto. 

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