Seguridad
En el documento establece que el país recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de las fuerzas del orden y neutralizar a los grupos armados que operan en el territorio nacional.
Entre las disposiciones del Decreto, consta conceder indultos, rebajar o conmutar penas a policías, militares y civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar las amenazas contra el Estado.
También se establece que el personal extranjero que intervenga en acciones relacionadas al CAI gozará de inmunidad, conforme a acuerdos internacionales.
El Decreto se emitió en medio de un nuevo estado de excepción que rige desde el pasado martes, 16 de junio, y que estará vigente durante 60 días en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones de La Maná, en Cotopaxi, Las Naves, en Bolívar, y La Troncal, en Cañar.
En NotiMundo al Día, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército Ecuatoriano, señaló que el Decreto 424 debe ser interpretado en el contexto actual, donde se reconoce la existencia del CAI y el nivel de cooperación de otros países.
Lo grave, dijo, es lo que se plantea a continuación, cuando el Gobierno establece que países cooperantes que quieran intervenir directamente en apoyo a la solución del CAI, tengan inmunidad.
"Eso está abriendo la posibilidad directa de que exista personal militar y civil, así como contratistas, operando en territorio nacional con inmunidad", sostuvo.
Esto podría dar paso a que se cometan excesos y que los implicados no puedan ser juzgados por las autoridades ecuatorianas, advirtió el coronel en servicio pasivo.
Pazmiño señaló que el rol de la Corte Constitucional (CC) será fundamental para la interpretación del Decreto.
"El punto central es que este acuerdo sale con relación a lo que ya firmó Ecuador y Estados Unidos (Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA)) suscrito en 2023 y ratificado en 2024", acotó.
Según Pazmiño, las Fuerzas Armadas están altamente entrenadas y preparadas para enfrentar la amenaza del crimen organizado. "EE.UU., indirectamente, le está diciendo al país que el concepto de que este es un conflicto policial y de seguridad ciudadana ya no existe, porque las condiciones no son tales", sostuvo.
Esto porque el fenómeno al que Ecuador se enfrenta es una "infraestructura paramilitar narcoterrorista", que utiliza recursos iguales o mayores a los del Estado, y con una cantidad de 20.000 a 30.000 miembros. No obstante, Pazmiño insistió en que lo grave de incluir a civiles en la participación de operaciones, se está hablando de una integración de contratistas, como ocurrió con Erik Prince en su momento, con la contratista militar Blackwater.
"Con este nuevo Decreto se abre la posibilidad de que se puedan retomar las conversaciones con esta empresa cuestionada a nivel mundial", alertó.
Pazmiño consideró que el Gobierno debería tomar en cuenta algunas alternativas que se han propuesto desde hace tiempo atrás, como un "blindaje" de las fronteras con Colombia y con Perú, a través de fuerzas de tarea conjunta. A esto se suma la militarización temporal de los puertos privados y estatales, que son los sitios por donde sale la droga a destinos internacionales.
Finalmente, para mantener el control interno, se requiere una presencia disuasiva permanente, con personal policial y militar en los denominados "santuarios", que son micro Estados delictivos, donde quien manda, en base a una gobernanza criminal, son las organizaciones delictivas.
"Eso es un cambio de actitud, que el Estado sí tiene la capacidad de hacerlo, pero otra cosa es la decisión política", puntualizó.
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