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El Consejo de la Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado y trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito. La decisión fue presentada por los vocales como un fortalecimiento de la justicia especializada, aunque supone desmontar el modelo de concentración de estos procesos en unidades creadas expresamente para atender casos de alta complejidad.
La carga procesal como argumento
La explicación oficial se sustenta principalmente en la carga procesal y en la falta de jueces que enfrenta la Función Judicial. Santiago Coral, director nacional de Innovación de la Judicatura, señaló que las dependencias especializadas registran una carga menor que otras judicaturas penales y planteó distribuir sus competencias entre más operadores para aprovechar la infraestructura existente.
Fabián Fabara, vocal de la Judicatura, señaló que los jueces que ahora asumirán la competencia especializada en corrupción y crimen organizado ya ejercían esas facultades antes de 2022. Según explicó, esas atribuciones posteriormente fueron separadas y concentradas en las unidades judiciales y tribunales especializados.
Más jueces, pero con necesidad de capacitación
Por su parte, Denisse Coronel, directora nacional de Gestión Procesal, sostuvo que el cambio permitirá integrar a los 19 jueces que actualmente conocen corrupción y crimen organizado con otros 35 operadores de Iñaquito y La Mariscal. Sin embargo, los propios funcionarios de la Judicatura señalaron que estos nuevos juzgadores deberán recibir capacitación para asumir las competencias especializadas.
El problema, sin embargo, no necesariamente se reduce a cuántas causas tiene cada juez. En procesos de corrupción y crimen organizado, la especialización busca concentrar experiencia para investigar y juzgar estructuras complejas que pueden involucrar a varios actores, instituciones y territorios, una característica que podría perder fuerza.
La propia sesión dejó en evidencia que la reorganización está atravesada por la falta de personal que enfrenta la Función Judicial y por la necesidad de optimizar los recursos disponibles. Santiago Peñaherrera, director nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, recordó que la entidad atraviesa un déficit de jueces y que el financiamiento conseguido para incorporar nuevos operadores resulta insuficiente frente a esa necesidad.
El Consejo defiende la 'fusión' de competencias
Los vocales defendieron que la especialización no desaparece porque las nuevas judicaturas mantendrán competencia nacional para corrupción y crimen organizado. Fabara calificó el cambio como una "fusión de competencias", mientras Damián Larco y la presidenta Johanna Caicedo sostuvieron que pasar de 19 a más de 50 jueces permitirá fortalecer la respuesta frente a estos delitos.
Sin embargo, ampliar el número de jueces habilitados para conocer una materia no equivale necesariamente a conservar una estructura especializada. La reforma elimina las unidades que concentraban exclusivamente estos procesos y distribuye esa responsabilidad entre operadores que también deberán atender causas penales ordinarias. Con cinco votos a favor, la Judicatura aprobó así un cambio que denominaron fortalecimiento.
Fuente: Expreso