Ley de Integridad Pública
Una de las disposiciones transitorias de la Ley de Integridad Pública es el traspaso de ciertas cooperativas a bancos privados. Roberto Romero, superintendente de Bancos, detalló que, la normativa plantea la unificación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Una vez conformado este organismo, que cuenta con 15 días para instalarse, se inicia un plazo de 90 días para determinar el modelo técnico y objetivo para elegir a las instituciones que pasarán bajo supervisión de la Superintendencia.
De acuerdo con Romero, existirían dos parámetros para determinar qué entidades entrarán a este nuevo tipo de gobernanza: el nivel en el que se interconectan con el sistema financiero y si son sistémicas. Precisó que, si bien cambiaría la figura en la que dichas instituciones en el país, estas mantendrán condiciones similares.
La única diferencia, dijo, será la gobernanza. En el caso de las cooperativas, precisó, estas tienen un Consejo Administrativo que es elegido por los socios, habilitados por un certificado de aportación. Por otro lado, en el caso de los bancos, estos cuentan con accionistas, pero al trasladar cooperativas a la banca privada, los socios podrían convertirse en accionistas de su propia entidad financiera.
En Ecuador, operan 398 cooperativas con activos de hasta USD 29 mil millones hasta abril del 2025, por lo que, el traspaso de ciertas entidades a la modalidad de banca privada, no tendría un impacto en el sistema financiero popular y solidario, consideró Romero.
Romero reconoció que, si bien existe un cambio en el modelo de negocio de ciertas cooperativas, esto puede verse como una oportunidad de mejora, al implementar mayores controles y brindar mayores garantías de liquidez a los clientes. Por ello, reiteró que el proceso de selección de las cooperativas que serán convertidas a bancos estará a cargo de la Junta Monetaria y Financiera, bajo un esquema en el que no todas podrán pasar a esta modalidad.
Además, insistió en que desde la Superintendencia podría existir un aporte a la Junta para determinar, con criterios unificados, las entidades que pasarán bajo su supervisión.
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