La Corte Constitucional resolvió negar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, en contra de la reforma al reglamento del concurso de méritos y oposición para designar al nuevo Fiscal General del Estado.
La demanda sostenía que las modificaciones aprobadas permitían que abogados vinculados a la defensa de procesados por delitos de narcotráfico y crimen organizado puedan participar en el proceso de selección, lo que, según el bloque correísta, afectaba las garantías de transparencia y probidad para ocupar el cargo.
No obstante, la Corte concluyó que ejercer la defensa técnica de personas investigadas o procesadas penalmente no representa, por sí mismo, una falta ética ni un impedimento para postular a funciones públicas. En la sentencia, el organismo señaló que esta actividad forma parte del ejercicio legítimo de la profesión jurídica en Ecuador.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también difundió la resolución mediante un comunicado, en el que recordó que las reformas al reglamento fueron aprobadas antes de iniciar oficialmente el concurso para escoger a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.