Seguridad
El mandatario precisó que la disposición no se extenderá a otras provincias y señaló que destinos turísticos como Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y Azuay quedarán exentos de la restricción, con el fin de permitir la movilidad ciudadana y mantener la actividad en esas zonas.
En NotiMundo a la Carta, el experto en seguridad Patricio Haro explicó que esta decisión complementa el estado de excepción y busca limitar la circulación nocturna para evitar reuniones de estructuras delictivas, frenar el tráfico de drogas y prevenir atentados como los ocurridos recientemente en Machala.
Haro sostuvo que la selección de los territorios responde a sus altos niveles de violencia. Detalló que Los Ríos registra 130 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por El Oro, Guayas y Santo Domingo. A su criterio, la efectividad de la medida solo será percibida si se refleja en una reducción sostenida de homicidios, secuestros y asaltos, más allá de la captura de cabecillas.
El analista añadió que las organizaciones criminales difícilmente se trasladarán a otras zonas debido al control territorial que mantienen. Explicó que Santo Domingo y Los Ríos operan como centros de acopio, mientras que Guayas y El Oro concentran puertos estratégicos para la salida de droga.
Asimismo, remarcó que el fenómeno trasciende a las bandas locales y responde a conexiones con estructuras internacionales, entre ellas la mafia albanesa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Por ello, consideró que el Gobierno debería impulsar en la cumbre de Miami la conformación de una coalición internacional sólida, ya que el intercambio aislado de información resulta insuficiente.
También insistió en que el combate al narcotráfico debe estar al margen de posturas ideológicas y destacó el caso de Colombia, que reforzó la frontera con tropas y radares pese a sus diferencias políticas con Ecuador.
Otro aspecto que calificó como preocupante es el intento de estas redes por infiltrar instituciones del Estado. Señaló que la justicia ecuatoriana presenta vulnerabilidades y mencionó presuntos vínculos de exautoridades del Consejo de la Judicatura con el crimen organizado.
Finalmente, subrayó que la respuesta no puede limitarse al ámbito policial o militar. Afirmó que las familias cumplen un rol clave en la formación de valores para evitar el reclutamiento de jóvenes y advirtió que se trata de un conflicto prolongado, cuyo desenlace dependerá de una acción coordinada internacionalmente.
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