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Enfermedades, muertes y hasta denuncias de abuso sexual, son parte del panorama en el sistema penitenciario ecuatoriano.
"Denunciarlo tiene un altísimo riesgo, sobre todo, para los comités de familias, las organizaciones sociales y los pocos funcionarios que todavía se atreven a contar su realidad y que son amenazados desde varios frentes", alertó la periodista Karol Noroña, en un mensaje publicado en la red social X.
En NotiMundo al Día, Noroña relató que los casos de muertes en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por ejemplo, dan cuenta de que el control no ha sido retomado en su totalidad por el Estado, como lo afirma el gobierno de Daniel Noboa.
Además, la información de lo que ocurre al interior de las cárceles no proviene de fuentes oficiales, sino de familiares de los privados de la libertad, lo que complica aún más conocer qué sucede en estos establecimientos.
En otras prisiones, como la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, Noroña explicó que están identificados -al menos- 10 tipos de extorsiones, entre ellos el más grave, denominado "impuesto a la vida".
"Esto implica el cobro de USD 30 diarios (valor que puede aumentar) por parte de bandas que siguen moviendo las economías ilícitas, en complicidad de funcionarios públicos y hasta de los custodios", alertó.
A estos casos se suma la violencia estatal. El Ejército Ecuatoriano informó que investiga un presunto caso de abuso sexual al interior de una cárcel para mujeres por parte de militares, quienes asumieron la vigilancia de los centros penitenciaros a raíz del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa en 2024.
"La violencia sexual es estructural, ejercida también por personas privadas de la libertad; si no fuese por las personas privadas de la libertad, esto no se sabría (...) en este país, hablar de un sistema de rehabilitación social es una utopía", apuntó.
Según Noroña, la reacción institucional del Ejército no es suficiente, pues no sería solo un caso el registrado. Por ello, dijo, se debe cuestionar los protocolos u hoja de ruta para denunciar la violencia sexual.
La periodista aclaró que el seguimiento a este tema no busca desacreditar la labor del Gobierno en el combate a las estructuras criminales que operan en el país, sino "mirar de frente" lo que está ocurriendo por cerca de un año.
Las mujeres víctimas de estas prácticas lo estarían haciendo a cambio de acceder a alimentos, agua o economato, alertó la periodista.
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