Sistema carcelario
A inicios de noviembre, 32 privados de la libertad fallecieron en dos enfrentamientos al interior de la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro. Estos hechos, según el Gobierno, responden a disputas territoriales entre organizaciones criminales y, en su más reciente acción de la política penitenciaria, habilitó a la 'Cárcel del Encuentro' para albergar a más de 300 reos, considerados de alta peligrosidad. Sin embargo, allí también están recluidos figuras como el exvicepresidente Jorge Glas y el exasambleísta por el Partido Social Cristiano, Pablo Muentes.
Durante el Gobierno de Daniel Noboa, se han evidenciado 6 masacres carcelarias, según la periodista de investigación, Karol Noroña. Estas, se incluyen en los 21 hechos violentos ocurridos dentro de establecimientos penitenciarios desde finales del 2020. Por ello, cuestionó, hablar de actos aislados resulta una "irresponsabilidad".
Una de las características actuales en centros de privación de libertad es la reconfiguración del dominio de organizaciones criminales. Señaló que, la cárcel de Machala -anteriormente comandada por 'Los Choneros'- estaría ahora liderada por 'Los Lobos'. Allí, la estructura se fragmentó a las bases originales del grupo armado y la nueva facción de 'Los Sao Box'.
Desde entonces, un panorama similar ocurre en otras cárceles y que, según Noroña, responde a un nivel altísimo de corrupción que implica a todos los eslabones del sistema penitenciario, incluidos guías, policías, militares y directores. Precisó que la militarización de las prisiones no es una medida que servirá a largo plazo, pues existe un amplio margen de "contaminación" de las Fuerzas del Orden con la corrupción, y mayor posibilidad de ser cooptados.
"El Gobierno cree que mientras cárceles y tortura haya, habrá más justicia y eso es una decisión equivocada que no resuelve nada, sino que profundiza la violencia", indicó.
Crisis de tuberculosis
En el 2024, las muertes naturales al interior de las cárceles se ubicaron en 174 y, un año después, esta cifra ascendió a 358. Una de las preocupaciones y dudas, según Karol Noroña, es que, si bien se habla de muertes por enfermedad, la mayoría de casos está vinculado a la tuberculosis.
Recordó que, en febrero del 2024 -apenas un mes después de la declaratoria de conflicto armado interno- el juez Emmanuel Peña declaró la vulneración de derechos a los privados de la libertad en la Penitenciaría por la desatención de pacientes de tuberculosis.
"Es un espejo y ejemplo de que las alarmas estuvieron encendidas desde que comenzó el conflicto armado interno", dijo.
Pero este escenario, de acuerdo con Noroña, se repetiría en otras cárceles como Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Allí, lamentó, no existe un acceso adecuado a la salud, ni condiciones de aislamiento, mientras el hacinamiento es visible al interior de dichos establecimientos.
Noroña relató que existen casos de personas contagiadas por tuberculosis, por cumplir con visitas a sus familiares en centros penitenciarios. Recordó que, a mediados del año pasado, se retomaron las visitas supervisadas.
"Si bien puede que a la gente no le interese mucho lo que ocurre con los ppl, hay que tomar en cuenta que esa enfermedad (tuberculosis) está saliendo de las prisiones y puede contagiar a otras personas", sostuvo.
Otro escenario de la crisis, dijo Noroña, se palpa en el registro de un privado de la libertad fallecido por tuberculosis. Detalló que, si bien existe un registro de presunción de muerte, no se realizan estudios posteriores, y es el hospital -no el propio SNAI- el que notifica el deceso a sus familiares.
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