La contratación laboral por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas fueron las dos únicas propuestas del Ejecutivo que pasaron el filtro de la Corte Constitucional. Mientras tanto, las iniciativas relacionadas al enjuiciamiento político de jueces de la Corte, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reapertura de casinos en hoteles de 5 estrellas y la reforma para aplicar la castración química a violadores con sentencia ejecutoriada, fueron rechazadas.
"Es la crónica de una muerte anunciada", reaccionó Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE. Recordó que, en varias ocasiones, el Gobierno fue advertido sobre la falta de prolijidad para plantear las preguntas de la consulta popular y referendo, especialmente por la vía sugerida para tramitarlas.
En el caso del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Moscoso cuestionó que el presidente de la República haya planteado una vía de enmienda para su gestión, cuando al hablar de una reestructuración del Estado, debería tramitarse a través de la reforma parcial.
Este precedente ya lo hizo el propio Gobierno con la propuesta de las bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a movimientos políticos, por lo que levanta la duda acerca de las razones por las cuales se decidió elegir la vía incorrecta.
"Si el Gobierno quería hacerlo, debía presentar la pregunta por reforma y no por enmienda", dijo.
Por otro lado, Moscoso se refirió a la pregunta acerca del regreso de casinos y juegos de azar en hoteles de 5 estrellas. Puntualizó que la iniciativa incurrió en una serie de inconsistencias, particularmente por ser compuesta, y no consultar acerca de un solo tema. Por ello, dijo, el Gobierno podría reformular la pregunta y verificar el control constitucional con la nueva propuesta.
"No creo que sean tan poco conocedores de la ley y la Constitución los asesores del Gobierno. Me niego a creer que sean tan burdos", cuestionó.
La "culpa" de la Corte Constitucional
El pronunciamiento de la Corte Constitucional llega en un ambiente fracturado con el Gobierno, originado por la suspensión de las leyes de Solidaridad Nacional, de Integridad Pública y de Inteligencia. Este fallo derivó en una movilización convocada por el presidente Daniel Noboa, en la que expuso los nombres de los nueve jueces del organismo, y los acusó como los "enemigos" del pueblo.
Para Moscoso, esta nueva resolución ahondaría las fricciones entre ambos poderes, y profundizaría el discurso planteado por el Ejecutivo que apunta a la Corte como el elemento que favorece a criminales, y perjudica a los ecuatorianos.
"Es más fácil presentar mal las preguntas y echarle la culpa a la Corte de que es la que detiene el avance del país", criticó.
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