Sistema petrolero
En entrevista con NotiMundo a la Carta, el analista energético Darío Dávalos señaló que la falta de mantenimiento en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) pone en riesgo los ingresos fiscales y debilita la economía nacional.
Según informó la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, el SOTE se reactivará este jueves 17 de julio, tras la ejecución de un plan integral de mantenimiento y protección. Este contempla medidas inmediatas, obras estructurales y un sistema de monitoreo a largo plazo.
Dávalos explicó que los problemas relacionados con la erosión regresiva en el SOTE eran previsibles. Petroecuador, afirmó, ha realizado estudios desde 2020 para identificar estas vulnerabilidades. Sin embargo, la falta de acciones oportunas desembocó en la actual crisis. Añadió que en 2023 se identificaron nueve alternativas para mitigar el problema, aunque aún no se ha concretado la reubicación del tramo afectado del oleoducto.
La paralización provocó una caída significativa en la producción petrolera, que pasó de 464.600 a 332.100 barriles por día en poco tiempo, lo que representa una reducción superior al 10 % del volumen total. Esta disminución impacta directamente en los ingresos del Estado, al limitar su capacidad de cumplir contratos de exportación y afectar la recaudación fiscal.
Asimismo, Dávalos advirtió que la reprogramación de 3,2 millones de barriles podría erosionar la confianza de los compradores internacionales en el crudo ecuatoriano. Aunque la declaración de fuerza mayor exime a Petroecuador de sanciones, la incertidumbre en las entregas podría derivar en descuentos en el precio por barril, afectando negativamente los ingresos del país.
El analista también alertó que la caída en la producción pone en riesgo el abastecimiento interno de combustibles. La reducción en la capacidad de transporte, sumada a la saturación de las reservas en Lago Agrio, ha obligado a detener la extracción en varios pozos, lo que podría generar escasez en el mercado nacional.
Finalmente, Dávalos recomendó implementar un plan integral de mantenimiento estructural que permita anticipar futuros eventos de erosión. Propuso reubicar el tramo dañado del oleoducto, con un costo estimado de 250 millones de dólares, y subrayó que el Estado debe fortalecer su capacidad de previsión para evitar que este tipo de situaciones continúe afectando la producción y los ingresos fiscales.
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