Crimen organizado
El Gobierno declaró como política pública al Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029. La disposición fue adoptada a través del Decreto 448 con el que se deroga un decreto anterior relacionado a una planificación de seguridad hasta el 2030.
El documento sostiene que el Ecuador enfrenta un conflicto armado interno y afirma que la seguridad nacional debe orientarse a recuperar el control territorial frente al crimen organizado. Tráfico de drogas, trata de personas, ciberataques, corrupción, terrorismo y minería ilegal fueron catalogadas como principales amenazas para el Estado.
En el Decreto, se establece que el plan no se centra en acciones únicamente de las Fuerzas Armadas y la Policía, sino también de un componente de educación, empleo, servicios públicos y reconstrucción del sistema penitenciario.
Para Nathaly Logroño, experta en crimen organizado y seguridad, la declaratoria es correcta en su forma, pero debe demostrar la eficacia de su contenido. Ese es, manifestó en NotiMundo Estelar, el objetivo de la medida que levanta una serie de dudas.
La analista señaló que, una de las preocupaciones gira en torno a la preparación que tendría el equipo de la Presidencia de la República para ejecutar la planificación y con qué plazos se estiman resultados.
"Se vuelve negativo cuando se usa el concepto de seguridad integral para ampliar indefinidamente el poder coercitivo y militarizar problemas sociales", sostuvo.
En el documento, cuestionó, existe una confusión de terminología como la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional. Es por esto que, Ecuador tiene a militares a cargo de la seguridad interna, cuando existen 117 pasos ilegales que deben ser custodiados, detalló.
De acuerdo con Logroño, más allá de un tema del Ejecutivo, la problemática debe asumirse como materia de Estado. Un déficit de al menos 800 fiscales para llevar a cabo investigaciones penales y la sobrepoblación carcelaria son factores que, indicó, deben ser considerados para abordar la situación de manera holística.
Otra de las preocupaciones, según Logroño, es la ausencia de responsables y actores definidos para una hoja de ruta que, alertó, podría quedar "en el papel". Metas cuantificables, presupuestos, cronogramas de acción e identificadores de resultados son parte de los pendientes del Plan anunciado por el Gobierno.
Logroño cuestionó, además, que exista una categorización de "terrorismo" al crimen organizado en Ecuador. La diferencia, explicó Logroño, recae en que, en Medio Oriente, los actos terroristas se sostienen en una ideología, lo que no se refleja en territorio nacional. Esta calificación, consideró, podría derivar en que el Gobierno incurra a la militarización en problemas que van más allá de la seguridad.
"Tratar a todas las amenazas bajo una sola lógica puede incurrir en la securitización excesiva", sentenció.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa