Caso Conocoto
El pasado sábado 27 de junio, ocho niños evadieron los controles de seguridad de la casa de acogida María Campi de Yoder, en Conocoto, Quito. Los menores fueron reportados como desaparecidos y, luego de días de búsqueda, la Policía halló a seis de ellos con vida. Sin embargo, al cumplirse casi una semana de la fuga, aún resta por encontrarse a Valeria Rosales de 12 años y Luis Torres de 10 años.
Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, es importante precisar que las casas de acogida -en este caso una administrada por el Estado- no albergan a menores infractores, sino a niños que enfrentaron una situación de vulnerabilidad.
Sobre esta base, cuestionó Cordero, se evidencia una clara deficiencia en el sistema de protección infantil que, luego de casi una semana, no ha brindado una respuesta clara para hallar a los niños.
"Estamos hablando de una situación que presenta carencias y vacíos en el sistema de protección", dijo.
Un centro de acogida debe contar con un ambiente de convivencia y grado de familiaridad, explicó Cordero, pero debe acompañarse también de una gestión para buscarle un hogar a los menores que alberga. Es decir, no vivirán por siempre en el establecimiento.
De acuerdo con Cordero, uno de los factores que ahonda la crisis en el sistema de protección es el recorte de presupuesto en proyectos sociales. A esto, dijo, se suma una constante rotación de personal que rompe los lazos y vínculos de familiaridad que los niños guardan con los trabajadores.
"No es administrar un servicio, se trata de garantizar derechos", indicó.
Cordero cuestionó también una tardía respuesta del Gobierno para activar la alerta Emilia. El hecho de que dos menores desaparezcan bajo tutela del Estado, indicó, podría replantear la idea de que existen delitos consumados en esta circunstancia.
"Tenemos que cumplir con la normativa desde la perspectiva de los derechos humanos, más allá de los ajustes fiscales o de la crisis que tiene el país", sostuvo.
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