Violencia de género

Desapariciones y femicidios dan cuenta de una violencia sistemática y omisión del Estado, alerta Fundación ALDEA

El cuerpo de Lizeth Bunshi apareció tras 37 días de búsqueda en el río Machángara, un caso que, junto a los de Natalie Mafla y Mónica Luzuriaga, vuelve a poner en evidencia la violencia y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres desaparecidas en Ecuador.

26 Agosto de 2026
Organizaciones de mujeres recorren la avenida Patria, en el centro norte de Quito, el 25 de noviembre de 2025.
Organizaciones de mujeres recorren la avenida Patria, en el centro norte de Quito, el 25 de noviembre de 2025. Créditos : PRIMICIAS

En NotiMundo A La Carta, Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación ALDEA, sostuvo que las desapariciones y muertes violentas de mujeres no constituyen hechos aislados, sino que responden a una violencia sistemática y estructural que, en muchos casos, termina siendo normalizada. También advirtió que existen casos antiguos que permanecen sin resolución.

 Guerra señaló que, desde el momento en que una familia reporta una desaparición, las autoridades deben actuar con perspectiva de género. Sin embargo, explicó que todavía persisten prejuicios que llevan a minimizar estas denuncias, bajo la idea de que la mujer pudo haberse marchado por voluntad propia. Esta falta de respuesta durante las primeras horas puede significar la pérdida de indicios fundamentales para esclarecer lo ocurrido.

A este escenario se suma el avance del crimen organizado. La presidenta de ALDEA explicó que la violencia en Ecuador se ha transformado, especialmente desde 2022, con un incremento considerable en el uso de armas de fuego. En este contexto, las mujeres y niñas pueden convertirse en objetivos de las estructuras criminales, utilizadas como mecanismos de intimidación, control territorial o venganza.

Guerra también cuestionó el silencio social frente a estos hechos. Señaló que el miedo y la apatía contribuyen a que la violencia permanezca invisibilizada y recordó que las agresiones contra las mujeres constituyen un problema de política pública, no un asunto privado.

Otro de los puntos señalados fue la carga que recae sobre los familiares de las víctimas. En numerosos casos, son ellos quienes terminan realizando búsquedas, recopilando información y siguiendo pistas ante la falta de recursos y acompañamiento institucional. Para Guerra, esta situación evidencia la necesidad de que el Estado asuma una respuesta efectiva y garantice apoyo psicosocial durante todo el proceso.

Finalmente, alertó que las proyecciones para 2026 podrían marcar cifras preocupantes en materia de femicidios y violencia contra las mujeres. Ante este panorama, llamó a fortalecer la organización comunitaria, romper el miedo y exigir el cumplimiento de las normas, así como una actuación estatal diligente que permita prevenir nuevos casos y acompañar de manera adecuada a las familias afectadas.

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