Concurso público
Del 18 de febrero al 3 de marzo, estará abierta la convocatoria al concurso para Fiscal General del Estado. Así lo resolvió la Comisión Ciudadana de Selección. Ser ecuatoriano en goce de los derechos políticos, tener un título de tercer nivel en Derecho y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado son parte de los requisitos mínimos para la postulación.
También existen prohibiciones expresas como no poseer bienes en paraísos fiscales, contratos con el Estado, ni obligaciones en mora con instituciones públicas. Quienes sean procesados, llamados a juicio o condenados por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, terrorismo, entre otros, tampoco podrán ser postulantes.
Para el abogado constitucionalista, Salim Zaidán, el concurso para Fiscal General del Estado nació con ilegitimidad, desde el momento en el que Cynthia Jacho asumió la presidencia de la Comisión Ciudadana de Selección. Se trata de un perfil que, a criterio de Zaidán, es inexperto y carece de trayectoria respetable en materia de derecho.
Pero este no sería el único condicionante para confiar en la legitimidad del concurso, según Zaidán. Cuestionó que la postura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encabezado por Andrés Fantoni no sea objetiva, con ciertas afinidades al Ejecutivo. Con esta base, resulta entendible, dijo Zaidán, que perfiles idóneos eviten postularse al proceso de designación.
"Si no se postulan buenos perfiles, se ceden espacios a abogados relacionados con el crimen organizado o con una de las dos fuerzas políticas dominantes que están en una disputa por controlar la justicia", cuestionó.
La consecuencia de la desconfianza en el sistema judicial, según Zaidán, radica en el "nefasto" rol del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señaló que, desde la comunidad jurídica se vio con buenos ojos el hecho de que Alfredo Cuadros y Magaly Ruiz integren la Judicatura debido a su trayectoria. No obstante, el panorama actual es distinto. Fueron sus votos los que permitieron que Damián Larco, exdirector del SRI y afín al Gobierno presida temporalmente el Consejo.
"Con un señor (Andrés) Fantoni al frente del CPCCS y un señor (Damián) Larco al frente del CJ, difícilmente la ciudadanía va a confiar en que van a desarrollar procesos transparentes", indicó.
El Consejo Consultivo de la Justicia
Este 12 de febrero, se desarrolló la primera reunión para analizar la propuesta de creación del Consejo Consultivo, integrado por expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, autoridades y expresidentes de la Corte Nacional de Justicia. Brindar asesoría, opinión técnica y recomendaciones de carácter estratégico e institucional son los objetivos planteados por el organismo.
El encuentro reunió a Marco Rodríguez, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, a Alejandro Arteaga, Presidente Subrogante (e), así como a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Gustavo Medina, Carlos Solórzano, Armando Bermeo, Jaime Velasco y Roberto Gómez.
De acuerdo con Zaidán, esta iniciativa resulta "esperanzadora" en cuanto a la necesidad de buscar una salida técnica a la crisis en la Función Judicial. Consideró que este espacio debe "dar luces" para dialogar con el presidente actual y encontrar cómo retornar al cauce regular de la justicia en el país.
A su criterio, un mensaje contundente que puede enviar la Corte Nacional de Justicia en su compromiso por el fortalecimiento y depuración de la justicia, es remitir nombres de profesionales de primera sin tacha alguna.
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