Gestión de riesgos
En NotiMundo a la Carta, Santiago Valarezo, vocero de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, explicó que, tras la declaratoria de alerta amarilla, ya se ejecutaron acciones preventivas tomando como referencia las experiencias de fenómenos anteriores. Señaló que, en esta ocasión, el ente rector busca cambiar el enfoque tradicional de atención de emergencias por una estrategia centrada en la prevención y preparación.
Valarezo aclaró que la actual alerta roja no significa que exista un desastre inminente, sino que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y preparar a los territorios ante posibles escenarios de riesgo.
Sobre los planes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), advirtió que no es suficiente con contar con un documento. Explicó que las evaluaciones del Ministerio de Gestión de Riesgos muestran que varios gobiernos locales tienen calificaciones inferiores al 50% e incluso algunos aún no han presentado sus planes. A su criterio, esta situación evidencia una debilidad estructural relacionada con la falta de profesionales especializados en gestión de riesgos en varios municipios.
El especialista también se refirió a la confusión que existe entre la ciudadanía respecto a los niveles de alerta. Explicó que una alerta roja o la presencia de lluvias aisladas no significa necesariamente que se vaya a producir una inundación o un desastre de forma inmediata. Por ello, consideró urgente fortalecer los canales de comunicación para que la información preventiva llegue de manera clara y directa a las comunidades.
Respecto a los posibles escenarios según cada región, indicó que los impactos serán diferentes dependiendo de las condiciones de cada territorio. En la Costa, se prevén riesgos de inundaciones y afectaciones al sector agrícola y a los medios de vida; mientras que en la región austral o sur podría registrarse un déficit hídrico con impacto en el sector hidroeléctrico. En la Sierra, en cambio, se esperan lluvias intensas y posibles desbordamientos, aunque en una escala menor.
En cuanto al presupuesto destinado a enfrentar los efectos del fenómeno, Valarezo señaló que los recursos, estimados en alrededor de USD 650 millones, deben ejecutarse de manera oportuna en sectores prioritarios como salud, educación y producción. Destacó la importancia de anticipar posibles problemas sanitarios, realizar mantenimiento en la infraestructura educativa y proteger las actividades productivas.
Además, consideró necesario establecer un seguimiento riguroso a la ejecución de estos recursos, de manera similar a la evaluación que se realiza sobre los planes de los GAD.
Sobre la coordinación institucional, explicó que los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales cuentan formalmente con una estructura encabezada por prefectos y alcaldes, junto con sus respectivas mesas técnicas. Sin embargo, advirtió que persisten dificultades operativas cuando la conducción de las emergencias se delega a entidades que no tienen esas competencias, lo que puede debilitar las atribuciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Finalmente, Valarezo sostuvo que, ante la posibilidad de enfrentar un evento de gran magnitud, es fundamental fortalecer la cultura de prevención, contar con planes realmente operativos y mejorar la comunicación con la ciudadanía. El objetivo, dijo, debe ser anticiparse a los riesgos para reducir posibles pérdidas humanas y materiales.
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