Ley de Inteligencia
Luego de su aprobación en la Asamblea Nacional, la controversial Ley de Inteligencia se regirá a un reglamento emitido por el presidente Daniel Noboa. En el proyecto, se plantea la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que integra subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía, del régimen penitenciario, análisis financiero, entre otros.
Para el excomandante de la Policía, Juan Carlos Rueda, esta medida del Gobierno es un recurso institucional y jurídico que le permitirá al Estado contrarrestar las afectaciones ocasionadas por el crimen organizado. Esto, en respuesta al fortalecimiento de la inteligencia criminal, que representa una amenaza para la democracia y la seguridad integral.
Insistió en que más allá de una articulación entre distintos subsistemas debería existir una "institucionalización" y "profesionalización" de la inteligencia. A esto, dijo, debe sumarse un proceso de evaluación y depuración constante, basándose en pruebas de confianza, dada la responsabilidad de las personas que manejarán información sensible.
Uno de los principales cuestionamientos a la ley apunta hacia la facultad de organismos de inteligencia para solicitar información a operadoras telefónicas, así como datos de geolocalización en tiempo real. Consideró que, si bien estas competencias deben estar a cargo de personas capacitadas, existe cierta posibilidad de un manejo arbitrario de la información, sin embargo, dijo, es un riesgo que debe ser asumido por el Estado.
Por otro lado consideró una falencia las restricciones que existen para supervisar las actuaciones de inteligencia desde el ámbito judicial y político. Este último, en referencia a los procesos que se siguen en las Comisiones de Fiscalización y de Seguridad.
De acuerdo con Rueda, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las instituciones más fortalecidas en materia de inteligencia, mientras que entidades como la UAFE, el SRI y el SNAI deberán robustecer sus subsistemas para garantizar un correcto funcionamiento del sistema general.
Por ello, enfatizó en que debe existir un "voto de apoyo" a la normativa, ante la grave infiltración del crimen organizado en el Estado ecuatoriano.
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