Seguridad
El objetivo del Gobierno es orientar la estrategia del Estado en materia de seguridad durante los próximos cuatro años.
Con el nuevo Decreto, se oficializa el plan aprobado el pasado 9 de marzo por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y deroga el anterior Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030, declarado política pública en 2021.
El documento, suscrito el 14 de julio de 2026, señala que el plan consolida un enfoque de "seguridad multidimensional" e integral, incorpora una visión de largo plazo basada en los "intereses nacionales" y busca articular la acción de las distintas instituciones del Estado frente al actual contexto de "conflicto armado interno".
Además, plantea fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional.
Según el Gobierno, esto servirá como una "hoja de ruta" para la prevención, protección, respuesta y recuperación frente a amenazas a la seguridad, además de "reconocer la complejidad de los desafíos actuales y la necesidad de una respuesta articulada, firme, decisiva y coordinada de todo el Estado ecuatoriano".
Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado, explicó que para que una política pública funcione se requiere instituciones que "generen tracción", es decir, que sean efectivas, y que a la cabeza del plan estén especialistas locales, no internacionales.
"Hasta el momento, no tenemos ninguna de las dos cosas", lamentó.
A su criterio, el Plan Nacional de Seguridad Integral tiene muchos vacíos en áreas como la "recuperación" de las cárceles.
El sistema penitenciario no se recupera a punta de violencia, sino con establecimientos que alberguen hasta 350 personas, y dando servicios que al momento no existen y que fomentan la expansión del crimen organizado al interior de las cárceles, explicó Maffei.
En materia de combate a la minería ilegal, por ejemplo, la experta señaló que sin un seguimiento a la ruta del dinero, los bombardeos a los campos donde se realiza esta actividad no tendrán mayores frutos.
En cuanto a la prevención de la criminalidad a temprana edad, Maffei sostuvo que el enfoque principal de las autoridades debe ser la disfuncionalidad familiar, pues el 50% de quienes se vinculan a grupos criminales vienen de familias con problemas de drogas, violencia doméstica, que los ofrecen a terceros para servicios sexuales, entre otras cosas.
"El Plan, como tal, es demasiado amplio. No se puede tener una política pública amplia, pues depende de los fondos del Estado, los cuales tienen límites. El que mucho abarca, poco aprieta", insistió.
Según Maffei, este Plan no está asentado en la realidad del crimen organizado que se desarrolla en Ecuador en este 2026. Recordó que el país cerró el 2025 con la tasa más alta de homicidios (50 por cada 100 mil habitantes) y en el presente año no parece que la cifra vaya a decrecer.
El hecho de que el Ejecutivo presente un documento tan amplio, deriva en que no se identifiquen fenómenos concretos, así como las acciones a emprender, puntualizó.
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