Desapariciones
En NotiMundo Estelar, Alexandra Córdova, madre de David Romo lamentó que, aunque han pasado doce años, las autoridades no han dado respuestas ni han tomado acciones concretas, lo que ha agravado el dolor.
Uno de los puntos más críticos, según explicó, es precisamente el rastreo del dispositivo móvil de su hijo, el cual fue ignorado como elemento clave dentro del proceso. Indicó que sin un análisis detallado de las llamadas realizadas antes y después de su desaparición, las posibilidades de dar con su paradero se reducen drásticamente.
Asimismo, denunció que el sistema judicial presenta graves deficiencias, caracterizadas por procesos lentos y poco eficientes. Afirmó que estas falencias han impedido avances significativos no solo en su caso, sino también en otros similares. La Corte Provincial de Pichincha, recordó, declaró la nulidad de las actuaciones de fiscales y jueces involucrados, lo que, a su juicio, evidencia la falta de profesionalismo y compromiso en la investigación de desapariciones.
También advirtió que, aunque la Defensoría del Pueblo ha documentado múltiples negligencias, las instituciones encargadas de impartir justicia siguen sin actuar con contundencia. En ese sentido, remarcó la necesidad de una investigación exhaustiva y diligente, como lo exige la Corte, para brindar respuestas reales a las familias de los desaparecidos.
Córdova hizo un llamado urgente a reformar de manera estructural la forma en que el Estado aborda las desapariciones forzadas. Considera que la falta de formación especializada entre fiscales y agentes investigadores ha contribuido a la ineficacia institucional.
Además, informó que ha enviado un comunicado al presidente Daniel Noboa y al titular de la Asamblea, Niels Olsen, en el que solicita que el informe aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Comisión Especializada de Soberanía —que aborda más de 7.000 muertes injustificadas— sea conocido en el Pleno y dé paso a una resolución formal.
Finalmente, recalcó que la falta de voluntad política continúa siendo un obstáculo grave para la resolución de estos casos. A su criterio, es imprescindible que tanto el Gobierno como las instituciones responsables de la justicia y la seguridad prioricen esta problemática dentro de su agenda nacional.
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