Esclavitud moderna
El 5 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional (CC) determinó que, por más de cinco décadas, Furukawa mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba. Este sistema consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de la empresa japonesa.
En la Sentencia 1072-21-JP/24, también se estableció que dichos campamentos carecían de luz, agua potable, instalaciones, sanitarias básicas o acceso a servicios de educación y salud.
Además, señaló que Furukawa utilizaba distintas figuras contractuales, en el marco de la servidumbre de la gleba, con el fin de dotar de una aparente legalidad a esta práctica y, desde 2011 hasta 2019, utilizó contratos de arrendamiento suscritos con personas en situación de extrema vulnerabilidad.
En el marco del cumplimiento de la sentencia de la CC, el Gobierno pidió disculpas públicas, el 31 de mayo de 2025, en nombre del Estado ecuatoriano a las más de 300 víctimas de esclavitud moderna. Mientras tanto, el lunes 02 de junio, Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador presentó una propuesta a la CC para el cumplimiento de la sentencia, que establece un pago superior a los USD 42 millones como reparación a los accionantes.
En NotiMundo al Día, Guido Páez, gerente de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, aclaró que fue contratado por los accionistas de la empresa en enero de 2025, para llevar a cabo un proceso que pueda alinearse con la sentencia de la Corte. Recordó que la sentencia divide el pago en dos fases: un primer pago de USD 6'840.000, y que para el saldo restante de USD 35'285.000 pueda establecerse un plan de pagos.
"Inmediatamente, la empresa se dio cuenta de que no tiene flujo de caja necesario para cubrir este pago", añadió.
Para cumplir el pago de la sentencia, explicó Páez, se requeriría vender 3.2 veces todo el patrimonio de la empresa. "Esto hace que la sentencia sea de imposible cumplimiento", dijo Páez.
Sin embargo, aclaró que, al estar comprometidos con su cumplimiento, están buscando una salida jurídica que permita cumplir lo dispuesto, mantener activa la empresa, preservar los empleos actuales. Para esto se conformó un equipo multidisciplinario, donde, luego de 3 meses de trabajo, presentó la propuesta a la CC.
En esta se solicita a la CC que autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar sus bienes, lo cual es necesario para generar los recursos para el pago. Con esto se podría vender parte de los activos y ejecutar el primer pago, explicó.
Explicó, además, que de los 342 accionantes, ninguno pertenecía a Furukawa, sino que la empresa había arrendado las tierras a 26 arrendatarios. De esas 342 personas, 95 han trabajado hasta cuatro ocasiones en la empresa, en distintos momentos, pero todos ellos tenían contrato registrado en el Ministerio del Trabajo, afiliación a la Seguridad Social y al salir de la empresa fueron liquidados.
Aclaró que desde 2014, cuando Furukawa cambió de accionistas, hasta el 2024, la empresa reportó pérdidas de USD 2.3 millones. "Todos estos años la empresa ha venido perdiendo dinero; al momento no disponemos del flujo de caja para hacer el pago", apuntó.
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