Selección cuestionada
En NotiMundo a la Carta, Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del Concurso Fiscal General, advirtió que la falta de confianza y legitimidad está afectando uno de los procesos más importantes para la justicia del país.
Espinel señaló que la celeridad con la que el CPCCS manejó la fase de calificación de méritos fue "irresponsable" y derivó en errores materiales, como la corrección que redujo 20 puntos a una postulante. Agregó que, de las siete impugnaciones presentadas por la ciudadanía, el equipo técnico del CPCCS solo admitió cuatro, pese a que el reglamento exigía aceptar todas las impugnaciones formales.
También llamó la atención sobre la baja participación ciudadana: apenas 69 personas se inscribieron, cuando se esperaban al menos 250. A su criterio, esta escasa convocatoria refleja la profunda desconfianza en el CPCCS, una institución que ni siquiera respeta sus propios reglamentos, y desalienta a profesionales calificados a postular.
Otra alerta la ubicó en la fase de admisibilidad. Aunque únicamente 24 aspirantes debían avanzar, el CPCCS permitió que pasaran 38, lo que abre la posibilidad de que 14 personas sin cumplir los requisitos básicos integren la Comisión. A esto se suma que dos de los postulantes con mejores puntajes no demostraron la experiencia necesaria en lucha contra la corrupción ni en participación ciudadana.
Según el análisis de la Comisión Cívica, estos dos postulantes de alto puntaje no cumplen el requisito fundamental de demostrar experiencia real en participación ciudadana, lucha anticorrupción o integridad. Espinel advirtió que, conforme al reglamento, no debieron haber sido admitidos, lo que evidencia fallas estructurales en la verificación de perfiles.
Finalmente, subrayó que estas fallas no son hechos aislados, sino patrones reiterados de opacidad e incumplimiento ya observados en procesos previos. Afirmó que existen influencias de poderes político-electorales interesados en controlar la justicia.
Por ello, insistió en la necesidad de una transparencia total del CPCCS y una vigilancia estricta sobre los comisionados y futuros postulantes a la Fiscalía, revisando sus antecedentes, patrimonio y posibles vínculos con estructuras del crimen organizado.
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