Infraestructura eléctrica
Una explosión en la subestación eléctrica Paute Molino provocó cortes de energía durante la madrugada de este martes 30 de junio en varias ciudades del país, entre ellas Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó que, tras el incidente, se ejecutaron desconexiones temporales y controladas para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional mientras se desarrollan las labores de recuperación del servicio. La entidad también indicó que continúa investigando las causas de la explosión.
En NotiMundo a la Carta, el presidente del Foro Energético Ecuador, Fernando Salinas, explicó que la explosión dejó fuera de operación a la central Paute Molino, una de las más importantes del país, con una capacidad de 1.100 megavatios, lo que derivó en interrupciones del suministro eléctrico en varias provincias.
Salinas destacó que las protecciones del Sistema Nacional Interconectado funcionaron de manera adecuada al aislar la subestación y realizar un deslastre de carga, una acción que evitó un apagón generalizado en el país.
No obstante, advirtió que este episodio pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura eléctrica nacional. Según señaló, desde 2023 el sistema enfrenta un desbalance entre la creciente demanda de energía y una oferta que prácticamente no ha aumentado, situación que ahora también afecta a la red de transmisión.
El especialista añadió que muchas subestaciones operan con equipos de más de 40 años de antigüedad, por lo que consideró urgente invertir en la modernización de la infraestructura, el reemplazo de equipos y el mantenimiento preventivo.
Asimismo, rechazó la idea de que el problema sea una excesiva dependencia de las hidroeléctricas. A su criterio, la principal debilidad es la falta de una matriz energética diversificada que permita responder a eventos climáticos adversos o periodos de sequía.
Finalmente, Salinas sostuvo que Ecuador ha pasado de planificar el desarrollo del sector a "administrar crisis" y afirmó que la falta de inversión pública y privada, sumada a la ausencia de garantías para los inversionistas, ha impedido la ejecución de nuevos proyectos de generación eléctrica.
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