La audiencia del caso Triple A se reinstaló este domingo 2 de agosto en el Complejo Judicial Norte de Quito con los alegatos finales de la Fiscalía. Durante su intervención, la fiscal Ruth Amoroso pidió la pena máxima para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y los demás procesados por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas evidenciarían la venta irregular de 22 millones de galones de diésel subsidiado entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado de más de USD 61 millones.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicitó el pago de 12 salarios básicos unificados para cada uno de los procesados.
