Según el dictamen, los elementos recabados no permitirían establecer que Gonçalves haya dispuesto arbitrariamente de recursos públicos, abusado de su cargo u omitido su deber de precautelar los fondos del Estado.
Entre los argumentos expuestos consta que el exministro no figuraba como firma registrada, usuario habilitado o funcionario con atribuciones para ordenar o autorizar transferencias internacionales.
Además, según las declaraciones de Leonardo Stagg, abogado de Gonçalves, ´´CELEC EP contaba con autonomía administrativa y de gestión´´ , indicando que las gestiones vinculadas a dichos procesos de contratación eran responsabilidad exclusiva de los órganos y funcionarios facultados en la empresa pública.
Con esta decisión, Gonçalves queda fuera de la acusación fiscal y el número de procesados en la causa cambia de 31 a 30.
La Fiscalía mantiene, en cambio, su pedido para que los otros procesados sean llamados a juicio.