Luto en el activismo
La Fiscalía solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros a las diligencias por la muerte de la activista anticorrupción, Mónika Silva, quien fue encontrada sin vida el pasado 8 de junio.
El ministro del Interior, John Reimberg, dispuso que, en el marco de la investigación, las pericias se realicen de manera célere, rigurosa y transparente. La tarde del 10 de junio, cientos de personas marcharon en Quito para exigir que la muerte de la activista se esclarezca.
Durante los últimos 15 años, 30 defensores, activistas y periodistas han sido asesinados bajo causas aún por determinar, señaló en NotiMundo Estelar, Marcelo Espinel, integrante del Foro por la Democracia. Ahora, el caso de Mónika Silva, dijo, no es aislado, pues la libertad de expresión se ha visto vulnerada desde distintos frentes.
Pero la situación de Silva tenía una particularidad. Las múltiples amenazas de muerte que recibió meses atrás, señaló Espinel, debían verse como una posible "persecución y amedrentamiento sistemático" que requería una respuesta del Estado. Con esto, insistió, podía generarse una obligación de otorgar protección a la activista.
"Estamos viendo una víctima más de esta falta de protección", enfatizó.
Para Espinel, resulta llamativo un cambio de discurso desde las autoridades, las cuales plantearon un aparente suicidio inicialmente y, ahora, ofrecen todo su contingente para esclarecer la muerte de Silva. Si bien destacó que el Estado se empeñe en investigar el caso de manera transparente, será labor de la sociedad civil el no dejar que el caso quede en la opacidad.
"El momento en el cual dejemos de hablar de este caso, estamos abriendo las puertas de par en par para que se pueda manipular evidencia", dijo.
Desde el punto de vista institucional, según Espinel, recae la responsabilidad en la Asamblea Nacional el formular una ley de protección de defensores de derechos y denunciantes de corrupción. A esto, dijo, le sigue una articulación correcta del Ejecutivo con políticas de seguridad que no deje desprotegidos a activistas, periodistas y defensores de derechos.
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