Seguridad y transporte
El Gobierno reactivó la mañana de este 22 de diciembre de 2025 las mesas de seguridad con los transportistas, en un encuentro donde el sector expuso sus inquietudes frente al aumento de la inseguridad en carreteras y la incertidumbre sobre la eliminación del subsidio al diésel.
Uno de los principales pedidos fue el refuerzo de los controles viales, con mayor presencia de patrullas de camino en los ejes viales considerados prioritarios. Además, los dirigentes solicitaron habilitar una línea directa de comunicación entre los ministros y los representantes del transporte para atender emergencias de forma inmediata.
Un tercer punto abordado fue la necesidad de cerrar los acuerdos pendientes con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Según explicó Abel Gómez, dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), el sector espera una definición clara sobre la compensación por el diésel, cuyo plazo máximo de seis meses culminaría en febrero de 2026.
Gómez señaló que los transportistas han recibido la compensación prevista y que el plan de chatarrización se encuentra en su etapa final, a la espera de una última reunión con BanEcuador. Sin embargo, advirtió que la decisión final dependerá del Presidente de la República, quien deberá resolver si se mantiene la compensación, se focaliza el subsidio o se revisa el cuadro tarifario del transporte.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que en la primera semana de enero se realizará una nueva reunión en Manta para evaluar la situación de seguridad en la provincia. Además, indicó que aún se trabaja en el informe técnico sobre las compensaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que ya se presentó un plan contra la extorsión, uno de los principales problemas que enfrenta el sector. Detalló que desde enero de 2026 entrará en funcionamiento una unidad especializada de la Unase, junto con un nuevo parque automotor policial, parte del cual será destinado al control en carreteras. Según el funcionario, en 16 de los 25 tramos priorizados ya se evidencia una reducción de los niveles de inseguridad.