El Gobierno decidió mantener la fecha original de la audiencia en la Corte Constitucional para analizar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, remitió el 14 de agosto un documento formal retirando su solicitud de aplazamiento y solicitando que la audiencia se lleve a cabo de manera presencial.
Andino señaló que los temas a tratar son de interés nacional y requieren garantías completas del principio de inmediación procesal, reafirmando la relevancia de la sesión programada para el 18 de agosto.
Cabe recordar que apenas dos días antes, el 12 de agosto, el funcionario había pedido un diferimiento de al menos 15 días, alegando necesidad de tiempo adicional para la preparación del caso. La audiencia se centrará en cuestionamientos relacionados con despidos, estabilidad laboral, transformaciones de cooperativas en entidades financieras y disposiciones tributarias que involucraron a la Corporación Noboa.
El partido Unidad Popular, promotor de la demanda, espera que la Corte atienda su causa con urgencia, aunque lamenta que aún no se otorguen medidas cautelares, lo que consideran necesario para proteger a las familias afectadas por los despidos de funcionarios públicos.
