Control estatal
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este 13 de marzo de 2026 el Decreto Ejecutivo 328, mediante el cual se establece que el sistema de inteligencia del país emita alertas de riesgo relacionadas con los procesos de contratación pública.
La disposición determina que el Centro Nacional de Inteligencia deberá elaborar reportes dirigidos a la Presidencia cuando identifique posibles amenazas vinculadas con personas o empresas que participen en determinados contratos del Estado. El objetivo es prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad nacional.
El análisis se enfocará especialmente en procesos que se desarrollen bajo regímenes especiales o cuya información haya sido catalogada como reservada, confidencial o secreta dentro de las instituciones de la Función Ejecutiva.
De acuerdo con el decreto, el organismo de inteligencia revisará a todos los actores involucrados en estos procesos, incluidos oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales. Los informes deberán sustentarse en evaluaciones técnicas que permitan identificar eventuales conexiones con redes criminales, esquemas de corrupción, financiamiento ilegal o influencias externas que representen riesgos para el Estado.
Para facilitar este control, los ministerios y demás entidades del Ejecutivo deberán remitir al sistema de inteligencia información detallada sobre los participantes antes de que se concrete la adjudicación de los contratos. Entre los datos solicitados constan las estructuras societarias de las empresas, sus beneficiarios finales y otra documentación que permita realizar el análisis correspondiente.
El decreto también contempla la cooperación de otras instituciones. El ECU 911 podrá aportar información de geolocalización cuando sea necesario para la elaboración de informes de inteligencia orientados a prevenir amenazas.
Además, la Dirección de Control Migratorio del Ministerio del Interior se integrará como parte del sistema nacional de inteligencia para fortalecer el intercambio de información y las acciones coordinadas en materia de seguridad estatal.