Combate al crimen organizado
El pasado 3 de junio, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para los seis familiares de Adolfo Macías, alias 'Fito', cabecilla de la organización criminal 'Los Choneros', detenidos durante un operativo ejecutado en Guayas, Manabí y Pichincha.
Luego de más de 6 horas de audiencia, el magistrado dispuso la medida y ordenó la inmovilización de cuentas, prohibición de enajenar y la incautación de bienes muebles e inmuebles de los procesados por presunto lavado de activos, en el caso Blanqueo Fito.
"Estamos cerca de destruir las estructuras económicas de 'Los Choneros' y alias 'Fito'. Es un ataque directo a ese grupo delincuencial", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, y adelantó que la investigación del caso seguirá su curso, mientras información adicional se revelará próximamente.
En esta causa, se conoce que evidencia recolectada fue incinerada el 19 de marzo de este año, es decir, meses antes de la exposición del caso Blanqueo Fito. Se trata de la destrucción de pruebas entre las que se incluían documentos societarios, facturas, dispositivos electrónicos, registros de propiedad, entre otros oficios. Todo esto, tras la orden de una jueza penal de Manta.
"Hay un proceso investigativo que continúa. Hay más información que se va a sacar. Es un gran primer paso", sostuvo Reimberg.
El Ministro enfatizó en que, operativos como el realizado esta semana contra 'Los Choneros', se replicará contra otras organizaciones criminales. Precisó que, el objetivo del Bloque de Seguridad es debilitar las estructuras económicas ilícitas, sostenidas en el narcotráfico.
Incluso, consideró que la intención de las autoridades envía un fuerte mensaje a organizaciones criminales que se disputan territorio, a través de actos violentos. Esto, dijo, en respuesta al compromiso de la Policía y el Gobierno.
"Si son lo suficientemente inteligentes, tienen el mensaje claro. Tienen un gobierno comprometido, una Policía comprometida a desarmar estas estructuras económicas. Lo estamos haciendo sin temor y sin miedo", indicó.
Atentado en la Bahía de Guayaquil
Un juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva para Iván B., procesado por terrorismo y uno de los sospechosos de la detonación de explosivos en el sector de La Bahía, en Guayaquil, la noche del martes 3 de junio.
Sobre este tema, el Ministro del Interior informó que la Policía identificó ya a una estructura criminal involucrada en el atentado, por lo que se llevan a cabo las investigaciones del caso. Al mismo tiempo, precisó, las autoridades mantuvieron acercamientos con los comerciantes de la zona para recabar información importante en torno a 'vacunas' y extorsiones.
"Yo no puedo salir a buscar, sino tengo esa información vital. Queremos ayudar y queremos servir", puntualizó.
Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, respondió a las declaraciones de la Gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, que apuntan al Municipio como el responsable de la seguridad de la ciudad. Cornejo recordó que el Cabildo no es el ente competente de seguridad, sino que esta es una facultad exclusiva del Estado. "Decir que la seguridad de La Bahía es responsabilidad municipal es falso, confunde a la ciudadanía y demuestra el poco conocimiento de lo que está a su cargo", cuestionó.
Reimberg también respondió a las declaraciones de Cornejo, e insistió en que el Estado es el garante de la seguridad ciudadana, a través de la Policía Nacional. "Lo nuestro no es un negocio, es servir a los ecuatorianos, en este caso a los ecuatorianos, y es lo que seguiremos haciendo", dijo.
Leyes de seguridad, ¿una herramienta para la persecución?
La reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país y la Ley de Inteligencia son las normativas que el Gobierno impulsa en la Asamblea Nacional. Esto, mientras desde la oposición y expertos advierten de vulneraciones al derecho a la privacidad y a fiscalizar los gastos en materia de seguridad.
El Ministro Reimberg aclaró que, si bien se señala a la Ley de Inteligencia como un mecanismo de persecución y espionaje, el Gobierno no tiene interés de "ir tras políticos". Precisó que el Ejecutivo brindará, incluso, las garantías necesarias para que las personas que manejen el sistema de inteligencia nacional estén capacitadas para hacerlo y no respondan a intereses ajenos a la lucha contra el crimen organizado.
"No estamos atrás de políticos, estoy interesado en desarmar estructuras criminales", dijo.
Con respecto a la reforma constitucional que deberá ser sometida a votación a través de una consulta popular, Reimberg insistió en que el único cometido de las autoridades con la propuesta es sumar herramientas para enfrentar al narcotráfico. Por ello, confía en que la ciudadanía respaldará la iniciativa.
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