Ante esta medida, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano comunicó este viernes que se encuentra gestionando condiciones adecuadas para garantizar un traslado respetuoso de los derechos humanos.
En entrevista con NotiMundo a la Carta, Gonzalo Ortiz, exembajador de Ecuador en Colombia, aclaró que este proceso no debe interpretarse como una expulsión, sino como el resultado de un acuerdo bilateral entre las cancillerías de ambos países.
El exembajador señaló que es indispensable respetar el marco legal vigente, el cual establece que los reos deben tener sentencias en firme y que los delitos cometidos sean reconocidos por la justicia colombiana.
Ortiz también recalcó la importancia de garantizar un trato digno a los presos que serán repatriados. Señaló que, aunque el Gobierno colombiano ha mostrado apertura para recibirlos, ha condicionado el proceso a que se respeten plenamente sus derechos humanos, tanto durante el traslado como una vez en territorio colombiano. En ese sentido, indicó que Ecuador debe asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección y cuidado de los privados de libertad.
Reorganización del aparato estatal ecuatoriano
Respecto a la reciente decisión del presidente Daniel Noboa de reducir el número de ministerios y secretarías estatales, el exembajador consideró que se trata de una acción acertada, dado el exceso de burocracia que ha caracterizado al Estado ecuatoriano. Subrayó que la disminución del 41% de estas entidades permitiría optimizar recursos y destinarlos a sectores prioritarios como la salud y la educación.
Sin embargo, expresó su preocupación por algunas de las fusiones propuestas, en especial la del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas. A su juicio, esta integración podría generar conflictos de interés, ya que una misma institución estaría encargada tanto de velar por la protección ambiental como de promover la explotación de recursos naturales.
Ortiz también se mostró cauteloso ante la intención del gobierno de incorporar a jóvenes profesionales en cargos clave. Aunque reconoció la importancia de renovar el servicio público, advirtió que esto no debe hacerse a costa de la experiencia, ya que reemplazar personal capacitado con funcionarios inexpertos podría debilitar la capacidad operativa del Estado.
Finalmente, subrayó que cualquier proceso de reestructuración debe ir más allá de los cambios de nombres o rostros.
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