Acontecimientos 2025

Incertidumbre política y escándalos judiciales dejan a Ecuador en un escenario de fragilidad institucional de cara a 2026

La denuncia de presiones y amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano volvió a poner sobre la mesa la existencia de una presunta red de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura (CJ), en un contexto que perfila un escenario de alta incertidumbre política e institucional de cara a 2026.

30 Diciembre de 2025
Crisis en la Judicatura expone debilidad institucional y agrava la incertidumbre política rumbo a 2026
Crisis en la Judicatura expone debilidad institucional y agrava la incertidumbre política rumbo a 2026 Créditos: Redes

En Acontecimientos 2025, la abogada y especialista en políticas públicas Karen Sichel advirtió que resulta complejo proyectar el futuro del país, debido a que gran parte de la ciudadanía se encuentra en un "modo de supervivencia", marcado por la inseguridad y la precariedad económica. Esta realidad, señaló, limita la capacidad de pensar en planes a mediano y largo plazo.

Sichel sostuvo que cuando un gobierno comienza a perder respaldo ciudadano, especialmente al no asumir posturas claras frente a casos sensibles como el del presidente de la Judicatura Mario Godoy, se debilita la gobernabilidad. En ese sentido, alertó que si el presidente Daniel Noboa no logra sostener mayorías en la Asamblea Nacional, el panorama político podría complicarse seriamente.

La experta enfatizó que el Ejecutivo necesita modificar su forma de gobernar, impulsar un cambio de gabinete basado en capacidades técnicas y no en lealtades personales, y contar con una Asamblea que ejerza una fiscalización efectiva. Además, advirtió que el país no puede sostener una democracia funcional con instituciones que fallan de manera recurrente, ni seguir postergando la inversión en educación, clave para cualquier transformación estructural.

Un criterio similar expresó el analista político Arturo Moscoso, quien afirmó que el escenario actual es consecuencia de decisiones adoptadas por el propio Gobierno. Señaló que la alianza legislativa es frágil y responde a una coalición coyuntural que podría romperse en cualquier momento. Este escenario, dijo, abre la puerta a un eventual juicio político o incluso a una muerte cruzada, especialmente en la antesala de un año electoral que reconfigurará el tablero nacional.

Moscoso añadió que el Ejecutivo no impulsó reformas estructurales ni siquiera durante la consulta popular, particularmente en lo referente al sistema judicial y político, lo que evidencia, según afirmó, un modelo mal diseñado en el que la corrupción se ha normalizado como un ciclo constante.

Por su parte, el abogado constitucionalista Rafael Oyarte recordó que la crisis en el Consejo de la Judicatura no es un hecho aislado ni reciente.

Mencionó el caso Vocales, de junio de 2022, cuando Maribel Barreno y Juan José Morillo fueron señalados por presunto tráfico de influencias al solicitar al juez Vladimir Jhayya un fallo favorable para que Guadalupe Llori recupere la presidencia de la Asamblea Nacional.

Oyarte subrayó que se trata del mismo Consejo que estuvo bajo la administración de Wilman Terán, alias "Diablo", sentenciado en el caso Metástasis, lo que evidencia un problema estructural e institucional. En ese contexto, cuestionó que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, encargado de remitir la terna para presidir la Judicatura, haya propuesto a Gustavo Jalkh, figura vinculada al correísmo.

Añadió que las irregularidades se arrastran desde el inicio del proceso de designación de los vocales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), instancia que, pese a haber sido presentada como una promesa de imparcialidad, terminó convertida en un botín político.

Una vez conformado el Consejo, explicó, quedan bajo su responsabilidad procesos clave como los concursos para la selección de jueces, los cuales han fracasado en al menos dos ocasiones bajo distintas administraciones. Oyarte cuestionó además que muchos de los postulantes carecen de experiencia sólida en derecho, pese a presentar acumulación de títulos académicos.

"Estamos haciendo concursos con carpetas falsas, maestrías y doctorados", lamentó.

Finalmente, sostuvo que uno de los primeros pasos para transformar el sistema de administración de justicia es asumir responsabilidades desde la academia y la sociedad civil, fomentando la rigurosidad, la autocrítica y la tolerancia al cuestionamiento.

"Tenemos que ser tolerantes a la crítica; si no esperamos más de nosotros mismos, vamos a seguir de tumbo en tumbo", concluyó.

 

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