Medidas seguridad
El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo conflicto armado interno y anunció que militares de "países aliados" podrán desplegarse en zonas conflictivas para enfrentar al crimen organizado. Además, anticipó inmunidad para fuerzas extranjeras que participen en intervenciones de seguridad e indultos para uniformados y civiles que ejecuten operaciones contra grupos armados.
Para Diego Pérez, experto en seguridad, existe cierta particularidad en las disposiciones emitidas por el Primer Mandatario. Hablar de una suerte de "inmunidad previa", dijo, abre la puerta a que existan cooperantes en el combate a la criminalidad, con la participación de civiles.
Este escenario, dijo, abre un debate jurídico, constitucional y que, en cierta medida, podría ser "preocupante" en términos de eficacia. A criterio de Pérez, resulta "cuestionable y riesgoso" el deslegitimar la labor de las Fuerzas del Orden y ampliar el campo de acción a elementos extranjeros, e incluso civiles.
"El Estado, bajo esta pretensión, estaría cediendo el monopolio legítimo de la fuerza a un tercero para controlar un espacio que, se presume, debería ser contenido por nuestras Fuerzas Armadas", consideró.
De acuerdo con Pérez, desde el 2018 ha existido una especie de "normalización" de los estados de excepción y, ahora, con la nueva declaratoria de conflicto armado interno. Esto, pese a que se ha demostrado que no es la solución para reducir los índices de violencia. Algo que, dijo, tampoco se logró con la captura y extradición de altos perfiles como alias 'Fito'.
El experto insistió en que existiría una falla en el análisis y la estrategia del Gobierno en cuanto a la seguridad. Consideró que, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas operan al límite de sus capacidades, y son el eslabón más vulnerable al enfrentar a organizaciones criminales.
"Si seguimos reiterando en la misma estrategia y los resultados no llegan, muy probablemente hay algo que está fallando", indicó.
Ahora, con las nuevas disposiciones de conflicto armado interno, Pérez avizoró un escenario similar: con la "misma receta", pero "complejizada" y que, no atacará el financiamiento ilícito, la principal fuente del sostén criminal.
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