Seguridad
Alertas sobre el ingreso de grupos guerrilleros colombianos a través de la frontera norte surgieron la semana pasada. Una fotografía mostraba a dos sujetos armados con un brazalete de las disidencias de las FARC que habrían amedrentado al líder político en Carchi.
De acuerdo con Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, la región se enfrenta a una reconfiguración del mapa de violencia de Colombia. Para esto, dijo, es necesario entender el origen de los Comandos de la Frontera, un grupo armado irregular que, según el Gobierno, es uno de los que aquejan la soberanía fronteriza.
La agrupación fue denominada como Comandos de la Frontera a partir del 2020, luego de un proceso de consolidación entre el grupo catalogado como Constru, de las desactivadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las disidencias de las FARC.
Sobre esta base, aclaró, Colombia enfrenta un "nuevo ciclo de violencia" en la que existen rearticulaciones paramilitares con la participación de las Fuerzas de Seguridad. Esto se evidenciaría en el mapeo reciente de Amazon Underworld, donde se señala que la presencia de los Comandos de la Frontera se extendería por Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
Pero la presencia de este grupo en el país no sería reciente, según Córdova. Recordó que, en noviembre del 2024, declaraciones del jefe de Policía de Sucumbíos, Juan Carlos Espín, dieron cuenta de que los Comandos de la Frontera controlaban la provincia y hacían "tareas de limpieza" del resto de organizaciones criminales para tener un dominio total.
En mayo de este año, estudios periodísticos también señalaron que el sostén económico de los Comandos de la Frontera se centró en 10 empresas registradas desde agosto del 2021, y que, de ellas, dos fueron contratistas del Estado.
"Es el ejemplo de la miopía con la que se enfrenta el problema criminal", cuestionó.
Una narrativa contradictoria
Desde el Gobierno, se atribuye las muertes violentas a enfrentamientos entre organizaciones criminales que se disputan el territorio para controlar el flujo de la droga. Pero esta narrativa, según Córdova, puede ser refutada por datos del propio Ministerio del Interior.
Entre el 2014 y el 2025, el 27% de los homicidios tienen que ver con el tráfico de drogas, es decir que, 7 de cada 10 muertes violentas no están relacionadas a la venta de estupefacientes.
"La reproducción social de la violencia letal en Ecuador no tiene como único factor a las drogas", precisó.
Al contrario, dijo, la problemática menos atacada es el tráfico de armas. Señaló que, 8 de cada 10 homicidios en el país ocurren con armas de fuego, por lo que la lógica del Gobierno debería apuntar a "desarmar" la sociedad para reducir la violencia criminal.
Además, hizo un llamado a que las autoridades mantengan lazos más cercanos con líderes comunitarios para conocer las necesidades de poblaciones propensas a ser 'secuestradas' por el crimen organizado o grupos guerrilleros extranjeros. A esto, señaló, debe sumarse un fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado para reducir la tasa de impunidad, particularmente en casos de homicidio.
"Es un error estratégico el sustituir una política criminal por una estrategia militar", enfatizó.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa