Crimen organizado
En NotiMundo Estelar, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, señaló que la entrega de recursos como radios y motocicletas responde a una necesidad urgente y a una deuda mínima histórica con la institución. Sin embargo, advirtió que este refuerzo resulta insuficiente para garantizar una operatividad sostenida y efectiva en el territorio.
Pinto cuestionó la estrategia de seguridad actual, basada casi exclusivamente en la militarización y el uso de la fuerza, al considerar que ha demostrado su fracaso tras cuatro años de aplicación. Explicó que la captura de cabecillas criminales suele fragmentar las organizaciones, pero termina generando nuevos liderazgos y escaladas de violencia.
Además, alertó que el 80 % de las víctimas de muertes violentas no registra antecedentes penales, lo que contradice la narrativa oficial de que "los delincuentes se matan entre ellos".
Para el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, la recuperación de zonas dominadas por la gobernanza criminal requiere una estrategia integral en tres fases: primero, la intervención de la fuerza pública; luego, la presencia sostenida de ministerios con políticas sociales; y finalmente, la participación del sector privado mediante proyectos de empleo y emprendimiento que devuelvan oportunidades a las comunidades.
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Asimismo, planteó que las soluciones estructurales de mediano y largo plazo podrían incluir debates regionales como la legalización de las drogas para reducir la rentabilidad del narcotráfico, o incluso la posibilidad de una "paz mafiosa", ante el desgaste de las respuestas inmediatas basadas solo en la represión.
Pinto también subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia y el sistema penitenciario (SNAI), y criticó el secretismo gubernamental y la ausencia de un plan integral de seguridad comunicado con transparencia a la ciudadanía.
Finalmente, advirtió que la impunidad dentro del sistema judicial constituye uno de los principales obstáculos para combatir el crimen organizado, debido a la cooptación o amenazas contra jueces. Enfatizó que cualquier solución estructural requerirá al menos dos décadas, como ocurrió en procesos similares en ciudades como Medellín.
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